Presupuesto, financiación e impuestos de Castilla y León: el árbol y el bosque
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Presupuesto, financiación e impuestos de Castilla y León: el árbol y el bosque

Fernández Mañueco e Igea en la presentación de los presupuestos de Castilla y León para 2021. Foto: Ical

La Junta no debe perder la perspectiva en su posicionamiento ante la reforma fiscal: lo que necesita es ser competitiva para retener población, empresas y prosperidad.

Los planes del Gobierno central para la denominada 'armonización fiscal' han causado un gran revuelo en una semana importante para Castilla y León y para su presidente Fernández Mañueco. Tras dos años de prórrogas, la Junta tiene nuevo proyecto de presupuestos, unas cuentas de circunstancias, récord de 12.291 millones impulsado por los fondos para revertir los efectos del Covid. El necesario presupuesto nace lastrado por la merma de recaudación que supone la reducción actividad y los menores ingresos que llegarán a las arcas públicas vía impuestos y vía financiación autonómica. Para compensarlo, habrá margen para un mayor endeudamiento en el que la comunidad puede incurrir por haber sido rigurosa hasta ahora.

 

En esta tesitura, el Gobierno de Mañueco ha tenido que aparcar sus planes fiscales, al menos, en lo que se refiere a la parte más ambiciosa, la reducción de impuestos. Aparecen nuevas ventajas fiscales, pero la bonificación casi total del impuesto de Sucesiones tendrá que esperar, igual que unos posibles ajustes a Patrimonio o la bajada al tramo autonómico del IRPF, planteada en público hace un año por el presidente. Tampoco se sabe nada de los 440 millones que faltan de la financiación autonómica. Suman en total muchos millones de los que las cuentas de Castilla y León no pueden prescidir, y menos ahora.

 

Cuando empezó la legislatura, la Junta se permitió hacer una cuenta figurada. La supresión del impuesto de Sucesiones de padres a hijos, 200 millones en los presupuestos, se amortizaría con el valor de retener empresas, negocios o inversiones de segundas generaciones. Era perdonar una cantidad a cambio de asegurarse que muchos siguieran tributando en la comunidad. Una jugada interesante dado que Madrid, por ejemplo, se ha llevado decenas de empresas de Castilla y León aprovechando que heredar en Castilla y León sale por un 'pico' y hacerlo por el mismo testamento en Madrid es casi 'gratis'. 

 

La decisión estaba tomada, pero llegó el Covid y obligó a aplazarla hace meses. Lo mismo pasó con la bajada progresiva de los tramos de IRPF, prometida por Mañueco en un acto en Madrid en septiembre de 2019 como respuesta al 'oasis' fiscal que anunciaba por entonces la presidenta Ayuso con bajadas en todos los tramos. Ahora todo eso está parado, y era una buena respuesta. Ideologías al margen, Madrid es la competencia más directa de Castilla y León por recursos e inversiones y su poder de atracción le resta posibilidades a nuestra comunidad. Sin empresas o inversiones no hay empleo ni actividad y todo se complica demasiado.

 

¿Qué hacer? La respuesta: pelear por un tratamiento fiscal adecuado, y ahí conviene evitar que mirar al árbol nos impida ver el bosque, que la Comunidad pierda la perspectiva en un intento por 'tirar a dar' al Gobierno, que no es que no lo merezca por una 'armonización' que suena a castigo, pero no a Ayuso y Madrid, sino a los ciudadanos. Porque si tiene que haber una cierta equiparación de los impuestos, ¿por qué no de manera global, por qué no por abajo en vez de por arriba?

 

A la Junta de Castilla y León le tiene que importar menos la fórmula, si la armonización fiscal es por arriba o por abajo, y más su efecto: lo que tiene que perseguir es una mejor posición y tiene que estar muy pendiente porque a día de hoy no la tiene. El 'enemigo' es hoy la armonización que ERC le pide como gesto a Sánchez, pero mañana lo puede ser la nada inocente oferta de Ayuso a las empresas catalanas: quien quiera pagar menos, que se venga a Madrid... sea de donde sea, y eso a Castilla y León le puede golpear de lleno. 

 

A la Junta le tiene que preocupar si va a poder ofrecer los impuestos y el tratamiento fiscal que necesita para cuadrar las cuentas y que el talento, las empresas, la población y el futuro no se les escape entre las manos por las fronteras de Madrid, Galicia o País Vasco. Eso pasa por un cambio del modelo de financiación y por reglas que eviten la indiscutible competencia fiscal entre comunidades que se ha abierto y en la que hay que poner orden. La Junta cometería un gran error si se concentrara en mirar hacia un solo punto, y más si apunta hacia el Gobierno central y sus leyes, y acaba perdiendo la perspectiva.