Podemos y UPYD piden al Ayuntamiento un estudio sobre el impacto de las plusvalías en los presupuestos

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la plusvalía municipal en los casos de los inmuebles transmitidos en los que hay pérdidas.

Esta regulación es igual a los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, que se aplica en la mayor parte del estado, con lo que el pronunciamiento del Constitucional obligará a modificar la normativa estatal, o bien se pronunciará en la misma línea que ahora en las resoluciones pendientes de cuestiones similares planteadas por otros juzgados.

 

UPYD enmendó las Ordenanzas Fiscales, en 2015 y en 2016, reduciendo notablemente los porcentajes que el Ayuntamiento aplica por este impuesto, pero el equipo de gobierno las desechó en ambos ejercicios. En el debate sobre los presupuestos municipales para 2017, UPYD calificó la previsión de ingresos realizada por el equipo de gobierno de “excesivamente optimista” (en concreto, por Plusvalías incrementó el presupuesto de 3 a 3,6 millones de euros), siendo UPYD el único grupo que la redujo.


 

Para Cerrajero, “la falta de prudencia con la que gobierna este equipo de gobierno puede generar un calamitoso ejercicio presupuestario. Lo dije en el debate de presupuestos y lo reitero; como también reitero que la promesa estrella del Partido Popular de bajar la recaudación por IBI un 13% fue una tomadura de pelo que refleja el desprecio de esta formación hacia los ciudadanos en general y hacia sus votantes, en particular”.


 

Cerrajero sugiere a las tres formaciones que abogan por no subir la recaudación (PP, Ciudadanos y PSOE) que detallen sus vías alternativas de ingresos para financiar los distintos gastos presupuestados o, si no, que concreten los servicios que, en consecuencia, entienden que deben ser recortados. “Algunos deben dejar de contar cuentos y comenzar a presentar cuentas”, ha finalizado el edil magenta.

 

Por otro lado, Podemos pide que aclare los plazos de prescripción de las reclamaciones de las autoliquidaciones y las liquidaciones de los impuestos ya pagados, que dé la razón a los vecinos que presenten recursos con evidencias de pérdida de valor evitándoles tener que acudir a la vía contencioso-administrativa, que elabore un informe económico de cómo afecta dicha resolución a los 3.6 millones de euros de ingresos previstos gracias a este impuesto en los presupuestos de este año.

 

Tras esta resolución y la bajada acumulada del valor de las viviendas en nuestra ciudad, la previsión para Podemos "no es realista". Una vez terminado el informe, piden al consistorio que modifique los gastos previstos para ajustar el presupuesto, así como que cuantifique cuánto de lo recaudado por este impuesto podría tocar devolver, que provisione esas posibles devoluciones.
 

 

Finalmente, "insistimos de nuevo en que se estudie cómo afecta la resolución a las cantidades pendientes de cobro del remanente de tesorería ajustándolo más a la realidad".