Podemos pide a PP, PSOE y C´s que se sumen a la eliminación del Peaje

Rueda de prensa de Podemos en Ávila / Foto: Rodrigo San Pedro

Podemos CyL e Izquierda Unida registrarán este jueves una PNL (Proposición No de Ley) en Las Cortes de Castilla y León solicitando la “liberalización y gestión pública” de la AP-6, AP-51 y AP-61 y que el Gobierno acate la sentencia del Tribunal Europeo que ha declarado ilegal el peaje entre Ávila y Madrid.

El líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha solicitado desde Ávila a todos los partidos con representación en Las Cortes que se unan a la PNL de IU y Podemos para solicitar la retirada del peaje en las autopistas que unen Ávila y Segovia con Madrid.

 

Fernández ha realizado un llamamiento público a PP, PSOE y C´s para que firmen la proposición y “para que cumplan su palabra dada a la plataforma 'Ávila libre de peajes' y a la sociedad abulense” y defiendan “de forma conjunta” el fin de la concesión.

 

El procurador Pablo Fernández ha explicado que la propuesta que se registrará mañana jueves en Las Cortes es similar a la registrada en la jornada de ayer por el grupo Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Recordamos que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han reclamado en el Congreso que anule la concesión de la autopista de peaje AP-6, no renueve la concesión de esta vía, adjudicada a Iberpistas (Abertis), y que el Estado recupere la gestión pública de la misma.

 

Así, consta en la proposición no de ley registrada por el grupo confederal en el Congreso, junto a la Plataforma AP-6 Libre de Peajes y la asociación ecologista Centaurea, que pretenden someter a debate y votación en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja. Unidos Podemos y las plataformas sostienen que la adjudicación concedida en 1999 a Iberpistas para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopistas de peaje (A-6 Segovia, A-6 Ávila y A-6 Villalba-Adanero) fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010 por vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública.

 

La Justicia europea dictaminó, a raíz de la denuncia interpuesta por CC.OO. Ávila y Centaurea, que el Gobierno presidido entonces por José María Aznar había actuado contrario a las directivas por no publicar en el pliego de cláusulas administrativas del concurso la totalidad de obras a ejecutar por el concesionario.