Oposición frontal al cierre de consultorios médicos locales que planea la Junta

Consultorio médico.(Foto: Archivo).

Los procuradores socialistas abulenses apuestan por una sanidad rural de calidad para luchar contra la despoblación.

Los procuradores del PSOE de Ávila en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han rechazado la drástica reducción de servicios que proyecta la Junta de Castilla y León en el medio rural y que va a afectar de lleno a la sanidad pública, toda vez que la intención del Gobierno autonómico es eliminar los consultorios médicos locales.

 

Las recientes manifestaciones del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, considerando poco razonable prestar servicios a municipios de menos de 50 habitantes (el 15% de los que hay en Ávila), unidas a los planes de la Consejería de Sanidad para concentrar la atención médica en un único consultorio de referencia, constituyen una nueva agresión a nuestro medio rural desde el PP y Ciudadanos, según los parlamentarios socialistas.

 

En su opinión, las reestructuraciones o reorganizaciones de las que habla la Junta de Castilla y León en realidad son "eufemismos" para ocultar a la población nuevos recortes de servicios, que "en nada ayudan a luchar contra la despoblación, a la que se combate manteniendo abiertos los consultorios médicos y prestando buenos servicios en el mundo rural".

 

España vaciada

 

Lo que demandan nuestros municipios es una sanidad pública de calidad y con transporte adecuado, han apuntado los procuradores abulenses del PSOE,  para quienes las intenciones de la Junta chocan frontalmente con el espíritu de los paros de cinco minutos protagonizados el pasado viernes para defender los intereses de la llamada España vaciada.

 

Hernández y Blázquez han significado que, frente a la "inaceptable actitud" de la Junta, el PSOE estará del lado de la gente y seguirá denunciando las pretensiones de PP y Cs con la sanidad pública en el medio rural, a la que "pretenden degradar de modo que los ciudadanos acudan a la sanidad privada y eso permita justificar al Gobierno autonómico los recortes de las inversiones".

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