'No a la Mina en la Sierra de Ávila' entrega 120.000 firmas a la Junta contra la mina de feldespato

El colectivo 'No a la Mina en la Sierra de Ávila' ha entregado este jueves un total de 120.000 firmas en la sede de la Presidencia de la Junta contra la mina de feldespatos que, según ha explicado la portavoz del colectivo, Sara de la Paz, "afectará" a la Sierra de Ávila, al Valle de Amblés y la ciudad de Ávila.

El objetivo del colectivo es "frenar" el proyecto de mina que se prevé ubicar en el Cerro de Gorría, a 1500 metros de altura, en una zona de vientos constantes, junto a un parque eólico, con lo que, a su juicio, puede afectar a la Cañada Real Leonesa Occidental y la zona de los Encinares de la Sierra de Ávila, declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA).

 

Según la plataforma y debido a su ubicación, los contaminantes y partículas de polvo, derivados de la extracción mediante explosiones y el tratamiento físico-químico del mineral, se propagarán fácilmente por la Sierra de Ávila y el Valle de Amblés.

 

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha pedido hoy a la Junta que verifique la legalidad del expediente del proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de feldespatos de la Sierra de Ávila.

 

Sara de la Paz ha insistido en la necesidad de que la Junta dé cumplimiento a una moción aprobada por unanimidad en las Cortes a través de la que se instaba al Gobierno regional a que aplique al expediente del proyecto de explotación y plan de restauración de la mina de feldespatos el procedimiento de evaluación ambiental correspondiente y demanda que en este procedimiento se consideren "adecuadamente todos los condicionantes ambientales y socioeconómicos que existen en la zona de actuación".

 

Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta "ni pone ni quita minas". Así, ha reseñado la labor de la Administración pasa por hacer un análisis técnico y "riguroso", tras lo que ha recordado que el proyecto está en trámite de declaración de impacto ambiental.

 

"Se seguirán los criterios técnicos, se velará por la seguridad y si se cumplen criterios técnicos y jurídicos y actividad es segura se pensará en el empelo que se puede generar", ha concluido.

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