Lo que falla en el cierre de los bares
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Lo que falla en el cierre de los bares

Un establecimiento de Salamanca cierras sus puertas. Foto: Ical

Cada recorte de actividad debe ir acompañado de medidas de ayuda para los trabajadores, empresas, sectores y población afectada, deben aprobarse al tiempo que los cierres y ser eficaces: de lo contrario, se condena la economía y eso no ayuda para cuidar la salud.

La situación de la pandemia en Castilla y León es muy preocupante. A pesar de que las autoridades sanitarias llevan meses tomando decisiones, con confinamientos, restricciones de diversa entidad y con un toque de queda, los hospitales de la Comunidad no dejan de llenarse empujados por una cifra desbordante de nuevos contagios. La pandemia está sin control en nuestra región, una de las más golpeadas en esta segunda ola, y ya no se podía esperar más: había que tomar medidas.

 

En ese contexto se enmarca el cierre de la hostelería y de los centros comerciales, una decisión con implicaciones sociales y económicas que se acercan a las del primer estado de alarma. Puede que sea lo último que podemos hacer antes de replicar el confinamiento total de aquel mes de marzo, pero se pone al borde del abismo a miles de personas de estos sectores, con el riesgo de un contagio en cadena a toda la economía. Al menos, que sacrificar esta parte importante de la actividad socioeconómica acabe dando resultado y podamos salvar vidas porque los negocios van a quedar muy tocados.

 

Bares y restaurantes, centros comerciales e instalaciones deportivas se han visto señalados como culpables de lo que está ocurriendo a pesar de los intentos por transmitir un mensaje para no criminalizar estas actividades. En ellas las empresas estaban tan obligadaos o más que en el resto de sectores a tomar medidas y los incumplimientos han sido anecdóticos, cuando los ha habido. Las cifras cantan: un 2% de brotes en bares y restaurantes y menos en grandes espacios comerciales. Está claro que no se les cierra por ser foco de contagios sino porque "es ahí donde más gente de distintos grupos se junta", reconoce la Junta. El problema es que, de uno u otro modo, pagan el pato. Y en ese punto han fallado y fallan las medidas.

 

El día que los bares cierran, tienen que estar funcionando los paquetes de ayuda: de lo contrario, se condena la economía y eso no ayuda para cuidar la salud

 

Las decisiones hay que tomarlas, por duras que sean, y es lo que le toca a los que tienen la responsabilidad. Tiempo habrá de juzgarlas. Pero las medidas hay que ponerlas en marcha de manera integral. Cada recorte de actividad debe ir acompañado de medidas de ayuda para los trabajadores, empresas, sectores y población afectada, y deben estar listos al tiempo que las propias restricciones. Las declaraciones de intenciones acompañan. Está bien que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, reconozca "que estos sectores no son culpables, lo que tienen que ser es ayudados a todos los niveles". Y que la Junta anuncie un plan de choque por el empleo de 73,5 millones. Pero el día que los bares cierran, tienen que estar funcionando los paquetes de ayuda: de lo contrario, se condena la economía y eso no ayuda para cuidar la salud. Esa es la base, pero el movimiento se demuestra andando.

 

Los paquetes tienen que ser eficaces y contundentes, y para eso es necesario que todo aquel que tuviera que cerrar obligatoriamente su actividad sepa a qué se atiene y a qué ayudas se puede acoger. Deben saber dónde pedirlas, sean de la administración que sean, su concesión debe ser ágil y la cuantía razonable; a poder ser, deben prestarse de manera coordinada en todas las líneas, que un negocio pueda resolver de una tacada créditos blandos, trámite de los ERTE o ERE, prestaciones para sus empleados, ayudas sectoriales, subsidios y compensaciones. 

 

Así deberia funcionar, pero no es así como funciona. Falta y ha faltado que alguien eche una mano a todos los afectados para aclararse y no perecer en el marasmo de la crisis Covid. La experiencia con los expedientes temporales de regulación de empleo o de los ICO ha sido traumática. Miles de trabajadores han tenido dificultades para cobrar sus prestaciones y no son pocas las empresas que denuncian condiciones abusivas en la banca para acceder a un crédito oficial que, sobre el papel, está avalado por el Estado y no debería dar ningún problema. Las ayudas complementarias son muy escasas y llegan tarde o no llegan. Falta, como en muchas cosas, un liderazgo nacional que evite que la 'tostada' se la coman autonomías y ayuntamientos... además de los afectados, que son los grandes perjudicados por el desatre. La jungla normativa a la que se tienen que enfrentar ha devorado a muchos y lo seguirá haciendo si no se le pone remedio.

 

El cierre de los bares y restaurantes ha sido un nuevo desastre en este sentido. No cabe duda, las medidas son urgentes, pero se echa en falta algo más de anticipación: no se trata de ser los primeros en anunciar, aunque Castilla y León es de las comunidades que antes reacciona. Lo demás solo refuerza la sensación que todos tenemos de que la curva va muy por delante de las medidas para frenarla. Puede que el cierre de la hostelería fuera inevitable, puede que ayude a frenar los contagios, pero lo que es seguro es que ha vuelto a fallar lo que falló en marzo: ayudas eficaces y suficientes sobre la mesa cuando los afectados las necesitan. Ni más ni menos.