La supresión del peaje en la autopista que une Salamanca, Ávila y Segovia con Madrid toma cuerpo

Foto: EUROPA PRESS

IU anuncia una iniciativa en Cortes que se suma a la PNL en el Congreso y las movilizaciones en los municipios afectados.

El peaje de la autopista AP-6 y sus tramos en Segovia y Ávila, que como Salamanca la tienen como vía de llegada a Madrid, podría tener los días contados... y va en serio. Al menos, el movimiento para suprimir este pago está cogiendo cuerpo con varias iniciativas parlamentarias en ayuntamientos, las Cortes de Castilla y León y el Congreso de los diputados. La última es una propuesta conjunta de la oposición para reclamar la supresión de los peajes que podría llegar al hemiciclo regional la semana que viene.

 

Se trata de una proposición no de ley (PNL) impulsada por IU a partir de las aspiraciones de la plataforma abulense que propugna la eliminación de los peajes de AP-6, AP-51 y AP-61. Asimismo, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha presentado, junto a la Plataforma AP-6 Libre de Peajes y la asociación ecologista Centaurea, una PNL similar en el Congreso de los Diputados para que el Estado no renueve la concesión y recupere la gestión del tramo, envuelto en la polémica por el caos de las nevadas.

 

Unidos Podemos y las plataformas sostienen que la adjudicación concedida en 1999 a Iberpistas para la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopistas de peaje (A-6 Segovia, A-6 Ávila y A-6 Villalba-Adanero) fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2010 por vulnerar las directivas comunitarias sobre contratación pública. "Un chanchullo", argumenta Carlos Bravo, de Centaurea, puesto que la adjudicación final se realizó por todos los tramos de peaje de la AP-6 y no sólo por las conexiones a Segovia, Ávila y Adanero. Según esta lógica, sustentada por Unidos Podemos en la iniciativa, la única concesión vigente es la original, de 1968, que expira el próximo 29 de enero, por lo que reclaman al Gobierno que no renueve la concesión y la gestión revierta al Estado.

 

La decisión está pendiente del futuro gran acuerdo entre el PP y el PSOE en materia de infraestructuras, aunque el Gobierno tiene la idea de recuperar la gestión de aquellos tramos en los que vayan expirando los contratos con las empresas privadas que los han explotado, y que no se renovarán. Es el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón, que cumple el año que viene y que tiene una fuerte contestación social que podría adelantar su supresión.

 

A su favor está el coste de romper ese contrato, muy inferior al de concesiones que tienen más años por delante. Es el caso de la AP-6, cuyo contrato expira según el Estado más allá de 2025, con lo que tiene una larga trayectoria por delante. Por sus tramos circulan diariamente 20.000 vehículos que dejan un retorno anual de 100 millones de euros. La concesión genera a la empresa que la explota casi 180.000 euros diarios.