La obligada generosidad con los ERTES y con el diálogo social

Alfonso Fernández Mañueco, durante la toma de posesión de Ana Carlota Amigo.

Cada euro que se invierta en ayudar a empresas y negocios a pasar el mal trago de la Covid-19 salvará empleos: Castilla y León no puede permitirse ser rácana con los ERTEs y menos todavía estropear el diálogo social.

Cada vez está más claro que los ERTEs y su prolongación van a ser la respiración asistida de las empresas por muchos meses. La crisis del coronavirus y su derivada económica ha puesto a miles de actividades al borde del precipicio y algunos negocios, autónomos o empresas lo tienen tan cerca que pueden acabar tirando la toalla si no reciben algo de aire. Puede que ni por esas la balanza se incline del lado de seguir, y ya sabemos lo que eso supone: cierres, despidos, paro, crisis. Un asunto de gran trascendencia como para no ser generosos en todos los sentidos, y por eso la Junta de Castilla y León tiene que ser especialmente escrupulosa.

 

Partimos del hecho de que el recurso de los expedientes de regulación temporal de empleo ha sido la clave para evitar un cataclismo económico y laboral en España, pero también hay que pagarlos. El coste para la Seguridad Social de las medidas de cobertura (exención de cotizaciones, subsidio) se calcula en unos 11.000 millones de euros en poco más de tres meses. Una cuantía que requiere de 'fuelle' financiero y recursos económicos, y esos son siempre escasos. Pero hay que tener una cosa clara: todo esfuerzo que se haga en este sentido tendrá recompensa en forma de empresas y empleos salvados.

 

En el caso de la Junta de Castilla y León, la administración regional se ofreció a complementar los ERTEs estatales con una aportación propia y ha decidido regular su concesión. Sobre el papel, gastará los mismos 6 millones de euros que había planteado: se conceden 7 euros por jornada pero, como la partida no se puede estirar, se da prioridad a los trabajadores que pasen más tiempo dentro de un expediente, se darán antes a las empresas de menos de 250 trabajadores y se limita a los que tienen bases de cotización por debajo de 1.600 euros. Eso hará más selectiva la medida y favorecerá a los que tienen peores condiciones, pero también limitará mucho su efecto porque la partida da para lo que da.

 

Esa fue la principal crítica de los agentes sociales, la escasez de los 6 millones de euros planteados inicialmente, y que no se han podido aumentar por falta de una negociación exitosa: ha existido, pero denuncian sindicatos y patronal que sin opción de un acuerdo satisfactorio. A la hora de la verdad, la nueva consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, se reunió con las partes y luego la Junta publicó el decreto, unas "nuevas formas" que no contentan a los agentes sociales, y eso es casi lo más peligroso.

 

El diálogo social es la joya de la corona de la concertación en Castilla y León, una especie de sello de calidad que garantiza la paz social y el buen entendimiento en la comunidad. Practicado, defendido o asumido, nadie puede renunciar a que siga siendo el camino de la interlocución en los grandes temas de empleo y empresas. Que ahora los participantes en el instrumento, al menos parte de ellos, hablen de incumplimiento y falta a la palabra dada, es preocupante.

 

Lo es porque solo juntos, empresas, trabajadores y administración, podrán sacar a Castilla y León de esta situación en la que nos ha metido un caprichoso virus. Y porque además el uso no hortodoxo del sistema afecta a una cuestión, la de los ERTEs, crucial para el futuro imediato de aquellos que tienen que decidir entre apostar por la comunidad o cerrar. La Junta no puede permitirse ser rácana con esta medida de apoyo, pero mucho menos puede permitirse que no cuidar las formas acabe por romper el diálogo social. La generosidad es obligada en ambos casos.