La justicia condena al Ayuntamiento de Ávila por la "desidia" del Equipo de Gobierno en la nueva RPT
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La justicia condena al Ayuntamiento de Ávila por la "desidia" del Equipo de Gobierno en la nueva RPT

Monserrat Barcenilla, Henar Alonso y Alberto Casillas, concejales del Grupo Municipal de IU. (Foto: Carlos Jiménez).

El Consisitorio abulense ha sido condenado a pagar 10.245'75 euros, más los intereses y las costas del proceso judicial, a dos empresas encargadas de realizar un estudio para reorganizar el trabajo de los empleados municipales.

El abono de 10.254'75 euros, además de los intereses moratorios y legales correspondientes y las costas derivadas de dicho proceso judicial, ha sido la sentencia impuesta al Consisitorio abulense por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Ávila.

 

Con este fallo, la justicia da la razon a U.T.E. Nuevos Tiempos Consultores y a ADD4U Soluciones para Gestión y Desarrollo, S.L., empresas ambas encargadas de la elaboración de un estudio sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajao (RPT) en el Ayuntamiento de Ávila, que ha sido llevado ante el juez por el impago del mismo.

 

Tras conocerse la sentencia, Henar Alonso Rodríguez, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, ha culpado de la misma a la "desidia" del Equipo de Gobierno del Partido Popular, "con la colaboración de Ciudadanos", ya que estamos ante una condena "por no querer pagar unos trabajos realizados".

 

Varios antecedentes

 

"No es la primera sentencia en contra de este Equipo de Gobierno", ha recordado Alonso Rodríguez, tras indicar que "las consecuencias económicas son para los ciudadanos", una situación que achaca a la "falta de conocimiento sobre la política municipal".

 

Además, la edil de la formación de izquierdas ha denunciado otros problemas en la organización y funcionamiento diario del Ayuntamiento de Ávila como el exceso de horas extra, las gratificaciones recurridas, la falta de control de los servicios subrogados a empresas concesionarias o la carencia de fiscalización en los convenios firmados con otras administraciones o entidades públicas o privadas.