La Junta de Personal Docente no universitario manifiesta "su absoluto rechazo" a la decisión de Educación

La Junta de Personal Docente no universitario de Ávila manifiesta su absoluto rechazo a la decisión de la Consejería de Educación que tiene la intención de conceder una nueva línea concertada al colegio “Amor de Dios” de la localidad de Arévalo. 

La Junta de Personal Docente no universitario de Ávila manifiesta su absoluto rechazo a la decisión de la Consejería de Educación que tiene la intención de conceder una nueva línea concertada al colegio “Amor de Dios” de la localidad de Arévalo. 
 

Inciden desde esta junta que tras la celebración de la comisión de escolarización de la localidad el 18 de mayo, el colegio concertado Amor de Dios contaba con una oferta de 25 plazas vacantes de nuevo ingreso, mientras que los centros públicos de la localidad (CEIP La Moraña y CEIP Arevacos) contaban con 50 plazas cada uno. Después del proceso de admisión del alumnado se constató que el número de plazas que quedan libres para matriculación en los centros públicos es de 24 y 33 plazas, respectivamente. 
 

Recalcan que ignorando la normativa sobre admisión de alumnos, que tiene aplicación regional, la Consejería ha decidido otorgar una nueva unidad concertada al colegio Amor de Dios, provocando de esta manera "un despilfarro de recursos económicos en un momento donde aún seguimos sufriendo las consecuencias de los recortes educativos".  
 

Además, aseguran que se provoca "un grave daño" a los centros públicos de Arévalo, que van a ver cómo sus plazas van a quedar vacantes," despreciando los medios y servicios que ya se encuentra en funcionamiento. Estos centros cuentan con plantillas sólidamente preparadas, que han tenido que pasar un proceso selectivo, y que recientemente han visto reconocido su trabajo con diversos premios de excelencia que corroboran la calidad del trabajo de estos profesionales". 
 

Por último, la Junta de Personal Docente no universitario de Ávila exige a la Consejería de Educación que revoque esta decisión para respetar la normativa de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos y evitar al contribuyente el gasto innecesario que supone la concesión de concierto educativo injustificado.