La Fiscalía tiene preparada una querella por rebelión contra Puigdemont si declara la independencia

El presidente de la Generalitat, C.Puigdemont

La Fiscalía General del Estado ya tiene preparada una querella por el delito de rebelión que presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el caso de que este hiciera efectiva una declaración unilateral de independencia, han confirmado fuentes del Ministerio Público.

Este delito, que puede conllevar hasta 30 años de cárcel, puede aplicarse según el Código Penal a quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

 

El próximo paso de la Fiscalía dependerá en todo caso de los acontecimientos que se produzcan en los próximos días y teniendo en cuenta que el Gobierno motiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución entre otros motivos, en que la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una secesión "con desobediencia rebelde y sistemática", que afecta de manera "grave" al interés general de España. Si la respuesta de Puigdemont es la declaración unilateral de independencia se activará la querella criminal.

 

El punto que la Fiscalía aún no ha confirmado oficialmente es el de la instancia al que se presentaría esta querella, que dependerá de la interpretación que se dé a la condición de aforado del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Gobierno.

 

Según los artículos 57.2 y 70.2 del Estatuto de Cataluña corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o de los consejeros, si bien "fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

 

Este aspecto de la norma es el que está siendo motivo de debate en el seno del Ministerio Público, ya que podría entenderse que parte del delito se ha cometido fuera de Cataluña en relación con algunas actuaciones del Govern como la ubicación de las webs que se pusieron en marcha con ocasión del 1-O o las intervenciones de algunos de sus miembros en foros extranjeros. También se analizan los efectos del delito, que se extienden a todo el territorio nacional.

 

Lo que parece descartable es una querella ante la Audiencia Nacional, a quien podría corresponder la instrucción de la rebelión en el caso de que los supuestos responsables no fueran aforados. Existen muchas dudas de que Puigdemont acabe siendo investigado en dicho órgano pese a ser suspendido en sus funciones, porque no está claro si dicha suspensión afectaría a su fuero como presidente y conservaría en todo caso dicha condición como diputado.