La Diputación muestra su respaldo al sector remolachero-azucarero
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La Diputación muestra su respaldo al sector remolachero-azucarero

Pleno de la Diputación de Ávila este lunes.

El Pleno solicita la retirada de la Ley Celaá, el mantenimiento de las entidades bancarias en los pueblos y la bajada del IVA de los refrescos azucarados

El Pleno de la Diputación de Ávila correspondiente al mes de noviembre de 2020 ha aprobado de forma unánime la enmienda del PSOE acerca de la moción del PP en defensa del sector remolachero-azucarero. De esta manera, la institución provincial pedirá al Gobierno de España que quite la subida del IVA de los refrescos azucarados, que ha pasado de un 10 a un 21%. Un sector, que según el PP, produce el 75% de su total solo en la región, y que solo en la provincia hay 300 familias que se dedican al sector azucarero.

 

El Pleno también ha aprobado por unanimidad la propuesta del Partido Socialista de seguir manteniendo las entidades bancarias en los pueblos de la provincia. Por ello, el portavoz socialista, Pedro José Muñoz ha pedido a la Diputación que lidere una postura que evite más cierres en los municipios. Según datos de Muñoz, en 214 de ellos actualmente no hay ningún servicio bancario.

 

Precisamente, los socialistas han votado en contra de la moción presentada por los populares para instar al gobierno a modificar la ley Celaá”. También se ha aprobado por unanimidad, la propuesta de Ciudadanos para “Instar al Gobierno de España a que incluya las propuestas de la Junta al Plan Estratégico de Red Eléctrica Española”. Por ello, Ciudadanos cree que esta medida “favorecería la implantación de nuevas oportunidades de generación de energía limpia en nuestra provincia. También para crear empleo en el mundo rural”.

 

Por su parte, la moción de Por Ávila en la que solicita la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Inserción de Anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia” ha sido votada en contra por el resto de partidos políticos. El partido amarillo pedía que los pueblos pudieran publicar gratis en el BOP.

 

Por último, la propuesta de Por Ávila para “Solicitar a la Junta de Castilla y León la retirada del decreto 2/2020” de libre disponibilidad del personal sanitario”, también ha sido rechazada con los votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos.

 

Manifiesto en rechazo a las actuaciones de la CHD y la CHT

Los grupos políticos de la Diputación Provincial de Ávila, reunidos en el Pleno ordinario del mes de noviembre, han manifiestado unánimemente su rechazo a las actuaciones llevadas a cabo por las confederaciones hidrográficas del Duero y del Tajo, consistentes en la revocación de las autorizaciones de vertido a los municipios de la provincia de Ávila de 500 a 2.000 habitantes equivalentes.

 

En este sentido, la institución provincial ha firmado un manifiesto que asegura que "Tal y como establece La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en su artículo 25, el municipio ejercerá, entre otras competencias, la prestación del servicio de “abastecimiento de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales”. El ejercicio de esta competencia se recoge igualmente en el artículo 20.1.m) de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

 

De todos es sabido que el artículo 6 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, indica que toda aglomeración urbana de menos de 2.000 habitantes equivalentes deberá disponer de un sistema de depuración antes del 1 de enero de 2006.

 

La Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2000, persigue conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua y alcanzar el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando la disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Las actuaciones necesarias para cumplir los objetivos se materializan en el Programa de Medidas de cada cuenca hidrográfica, por lo que resulta imprescindible el compromiso de las administraciones implicadas en el tratamiento de las aguas residuales.

 

La Directiva comunitaria 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, traspuesta a la legislación española por el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, obliga a los estados miembros a disponer de un sistema de saneamiento y depuración adecuado en todas sus aglomeraciones urbanas, en orden a evitar, en lo posible, la contaminación de las aguas continentales y costeras. La Directiva distingue los niveles de tratamiento de la depuración en función de los habitantes equivalentes servidos, según su pertenencia o no, a las zonas sensibles, y fija plazos tanto para la ejecución de los servicios de saneamiento (colectores y emisarios) como para la ejecución de los sistemas de depuración.

 

La Diputación señala que las políticas medioambientales llevadas a cabo por los gobiernos (Comunitarios y Estatal) han dado prioridad absoluta a la depuración de las aguas residuales de las grandes poblaciones, lo que ha acumulado importantes retrasos en los plazos previstos para ello, con las consecuentes condenas por parte de la Unión Europea al Gobierno español, obligado a abonar cuantiosas multas por este motivo.

 

El ‘Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015’, firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León, establecía las obligaciones de las partes para la depuración de municipios concretos. Algunos de estos municipios aún no disponen de las Estaciones Depuradoras especificadas en el citado plan, por lo que es la propia Administración General del Estado la que ha incumplido con la tarea encomendad de realización de las EDAR.

 

Si nos situamos en las localidades menores de 2.000 habitantes equivalentes -que son más de un 95% de las localidades de la provincia- el problema de la depuración de las aguas en poblaciones de pequeño tamaño es aún más complejo que en localidades con poblaciones mayores. Son muchos los factores que afectan al correcto funcionamiento de las plantas: la variabilidad de  caudales y cargas contaminantes en los periodos estacionales y en periodos lluviosos por las redes unitarias de saneamiento; el desarrollo relativamente novedoso de tecnologías de bajo coste; la indeterminación de los valores a cumplir por el caudal tratado en cuanto al concepto de ‘tratamiento adecuado’; y los costes de construcción y mantenimiento por habitante, mucho mayores que en las grandes poblaciones.

 

El agravio comparativo respecto a las localidades mayores que han implantado plantas de depuración de agua residuales en estos últimos años es notorio. La construcción de depuradoras en el territorio nacional se ha realizado con fondos de diversa procedencia. Han sido múltiples las ayudas que se les han brindado a las localidades con mayores recursos: la Administración General, por medio de las confederaciones, o la Administración Autonómica para las localidades incluidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas; o, como las últimas actuaciones realizadas en municipios de más de 2.000 habitantes, financiadas con Fondos Europeos, Autonómicos, de las Diputaciones Provinciales y, en menor porcentaje, con aportaciones municipales.

 

Actualmente, la Diputación Provincial de Ávila ha firmado un Protocolo General de actuación con la Junta de Castilla y León para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en la provincia de Ávila. Ya está formado el Grupo de Trabajo y definidos el plan de actuaciones, y se ha iniciado la contratación de los primeros proyectos de obras.

 

Por todo lo expuesto, los grupos políticos consideran este asunto de especial e inequívoco interés para todos y cada uno de los municipios de nuestra Provincia, por lo que la Diputación insta a las confederaciones hidrográficas del Duero y del Tajo a estimar las alegaciones presentadas por las localidades incluidas en  rango de población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, las cuales van a disponer en un plazo de 2 a 6 años de un sistema de depuración adecuado.

 

Asimismo, la Diputación Provincial de Ávila solicita a ambas confederaciones  que procedan a conceder una prórroga o a articular una autorización de vertidos provisional para las localidades menores de 500 habitantes equivalentes, las cuales serán objeto de otro Protocolo cuando finalice este en el que estamos trabajando y que tan importante esfuerzo económico está suponiendo, tanto para la Diputación como para los ayuntamientos.

 

También se considera importante, finaliza la Diputación, para no contribuir a la despoblación del medio rural y a alimentar a la llamada ‘España Vaciada’, hacer ver a las confederaciones la importancia que tienen los efectos vinculantes de los informes urbanísticos emitidos por ellas, puesto que el instrumento urbanístico para un ayuntamiento es necesario para mantener el desarrollo rural y mantener con vida los pueblos de nuestra provincia".

 

Por último, el Pleno de la Diputación eleva estas medidas a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España con el fin de buscar su apoyo ante las confederaciones hidrográficas del Duero y del Tajo.