La CGT se concentra contra la privatización del SMAC

Concentración

La firma del III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León, por parte de CCOO, UGT y CECALE y su posterior desarrollo con el acuerdo alcanzado por estas organizaciones con la Junta de Castilla y León, implicará la privatización de un servicio público de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Con la adopción de este desastroso acuerdo se concluye con el vaciado de las competencias que hasta ahora pertenecían al SMAC, pasando en lo sucesivo la resolución de los conflictos laborales de carácter individual a ser administrada por el SERLA (Servicio Regional de Relaciones de Trabajo de Castilla y León). Hasta la fecha el SERLA ya tenía la competencias en materia de conflictos colectivos y huelgas, incrementándose su ámbito de actuación con la entrada en vigor de dicho acuerdo. "Se perderán con esta medida unos 50 puestos de trabajo del SMAC en Castilla y León, hasta ahora cubiertos por empleados públicos, quedando amortizados los mismos, representado una pérdida irreparable de empleo público",  han destacado desde la CGT.

 

Otra consecuencia directa de esta medida se verá reflejada en "la pérdida de objetividad, neutralidad, imparcialidad y profesionalidad en la resolución de los conflictos laborales, puesto que en estos dejarán de intervenir funcionarios de carrera, y pasarán a ser resueltos por mediadores o conciliadores designados por los firmantes de este acuerdo, pudiendo concurrir en los mismos intereses particulares y personales ajenos a los trabajadores",  .

 

La asunción de esta competencia por parte del SERLA "no va a suponer una mayor agilidad en la resolución de los conflictos laborales. La efectividad y celeridad con la que venía actuando hasta la fecha el SMAC en la solución de conflictos laborales alcanzaba a una cuota del 44% en la resolución de conflictos individuales por despido".

 

Además, la privatización de estas competencias "supondrá un encarecimiento de este servicio para la arcas de la Junta de Castilla y León en más de 3 millones de euros". Es intolerable y rechazable que sean fondos públicos los que se vayan a destinar a financiar un organismo privado, que se encargará de ahora en adelante de dirimir los conflictos individuales y colectivos entre trabajadores y empresarios, sustituyendo un servicio público ya existente, y que ha acreditado su dilatada eficacia en el tiempo", han concluido desde la CGT.