La alcaldesa de Mijares urge a la implantación de parques comarcales de bomberos en la provincia

Parque de Bomberos de Ávila

Soraya Blázquez considera que los últimos sucesos acaecidos en Mijares y pueblos del entorno vienen a refrendar que “los vecinos del ámbito rural no cuentan con los mismos derechos y servicios que los ciudadanos de las capitales y ello, pese a que el mayor volumen de población en Ávila se concentra en la provincia”.

 

La alcaldesa de Mijares se ha referido concretamente a una serie de incendios que han tenido lugar en las últimas dos semanas, “para los que no tenemos herramientas ni medios. Estamos a merced de los vecinos que, solidariamente, quieran acudir a ayudar en estos sucesos con el riesgo que ello supone ya que la consejería de Medio Ambiente no se hace responsable si sufren algún daño”.

 

Según Soraya Blázquez, “si no fuera por los voluntarios estaríamos desamparados totalmente ya que no hay ni una sola cuadrilla. Mientras, la Junta de Castilla y León se vanagloria de su política de extinción de incendios. Una política que deja desprotegidos a nuestros pueblos y que, cualquier día, va a suponer una desgracia mayor”.

 

“La Junta de Castilla y León no puede demorar más el ejercicio de sus competencias y debe realizar una zonificación de las áreas de actuación y debe aportar la financiación necesaria para que los servicios de protección ciudadana sean homogéneos en medios materiales y humanos en toda la comunidad. Por otro lado, no nos cansamos de instar a la Diputación de Ávila para que dote a la provincia de parques provinciales de bomberos profesionales”, ha dicho la alcaldesa de Mijares quien reitera que “el actual modelo de organización del servicio de Protección Civil en la provincia no cumple con los requisitos necesarios, ya que la mayor parte del territorio es cubierto por bomberos voluntarios, que realizan una gran labor, pero que no cuentan con los medios y formación necesaria para un correcto desempeño. Además la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, establece que las diputaciones podrán alcanzar acuerdos con la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para la prestación y financiación de los mismos”.

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