Junta y sanitarios: el peor momento para tirarse los trastos a la cabeza
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Junta y sanitarios: el peor momento para tirarse los trastos a la cabeza

Reunión de sanitarios en un centro de salud. Foto: Ical

El Gobierno regional está obligado a respetar a los sanitarios de Castilla y León y consensuar su reorganización para afrontar la segunda ola de la pandemia: lo prometió y sería irresponsable declarar una guerra justo ahora.

Más de 6.000 muertos acumulados, casi 1.500 enfermos en los hospitales de Castilla y León y 230 en las unidades de críticos; más de 112.000 casos confirmados en toda la pandemia; los nuevos contagios, disparados; capitales como Salamanca y León que han estado en problemas y Burgos técnicamente confinada en casa; la economía, a medias, con bares y centros comerciales cerrados; el paro, subiendo... Esta es la situación global de la comunidad a día de hoy y recordarlo no es accesorio porque, mientras no llegue la vacuna, a Castilla y León, como a toda España y medio mundo, le quedan muchas semanas difíciles. Semanas en las que tendremos que apelar a las consignas de responsabilidad y unidad, más necesarias que nunca, pero que en ocasiones parecen manidas y vacías, y el choque entre la administración regional y los sindicatos sanitarios es una de esas ocasiones.

 

La sorpresa saltó el sábado. En un día poco común para publicar un boletín oficial, el Bocyl amanecía con un único punto, un decreto firmado por el presidente de la Junta de Castilla y León para regular las prestaciones personales obligatorias del personal sanitario. Su contenido supone la movilización total de todos los sanitarios del sistema público de salud para hacer frente a la segunda ola de Covid y se sustancia en poner los permisos, bajas y turnos, a personal jubilado y en formación y a todos los recursos que forman el sistema de salud a disposición de Sacyl.

 

Su publicación oficial hacía efectivo algo aparentemente necesario, que la administración tenga en su mano todos los resortes para afrontar la pandemia. Correcto en el fondo, de nuevo han fallado las formas porque los sindicatos de los sanitarios lo rechazaban en términos muy graves, hablando de "decretazo" y con la solicitud de dimisión para el presidente Mañueco. Más duros fueron PSOE o Podemos, que lo califican de traición o ataque deleznable a los sanitarios.

 

En cuestión de días, la Junta ha pasado de hablar de un pacto para reorganizarse con el consenso de todos a aprobarlo ya y por decreto alegando cuestiones legales. Sobre el papel, la administración regional está autorizada por el estado de alarma para disponer de todo el personal sanitario que debe responder de manera obligatoria. Así lo explicaba al día siguiente del 'decretazo' el vicepresidente Igea. El mismo que, al término del consejo de Gobierno del jueves, dijo que no entendía una orden que modifique los derechos de los trabajadores sin el consenso de sus representantes. Sorprende más todavía saber que el acuerdo estaba a punto de firmarse el miércoles, que los sindicatos querían rubricarlo y que no se hizo por un mero trámite: era preciso antes un acuerdo de la autoridad delegada, es decir, del presidente de la Junta de Castilla y León.

 

El Gobierno regional está obligado a respetar a los sanitarios de Castilla y León y consensuar su movilización: lo prometió y es irresponsable abrir una brecha con los sanitarios justo ahora

 

Si el Bocyl del sábado hace las funciones de ese necesario 'acuerdo de la autoridad delegada', el gobierno regional haría bien en explicarlo, pero lo que califica la decisión como 'decretazo' son las formas y los tiempos. La Junta prometió negociar y debe cumplir de manera correcta, y eso pasa únicamente por ceñirse a los procedimientos habituales en estos casos: es lo lógico y una señal de respeto. El Gobierno regional está obligado a respetar a los sanitarios de Castilla y León y consensuar su movilización: lo prometió y es irresponsable abrir una brecha con los sanitarios justo ahora. Irresponsable e innecesario.

 

La comunidad tiene miles de enfermos en sus casas y en los hospitales, una presión hospitalaria que no frena, tensión, bajas... Sufre, además, los problemas estructurales que arrastra desde hace años y que condicionan su respuesta: envejecimiento, dispersión y falta de los números adecuados de personal en cifras u organización. Los que están, lo están dando todo, el 150% como reconoce la propia Junta. Está muy claro que no es el momento de tirarse los trastos a la cabeza de ningún modo. Junta y sindicatos están obligados a recuperar la senda correcta y a poner cada cual lo que sea necesario de su parte. Si hay voluntad para sentarse y negociarlo 'bien', estamos a tiempo de no romper más platos.