Izquierda Unida en contra del "desmantelamiento de la autonomía y democracia local"

“Una propuesta incoherente y esperpéntica, donde sólo se ha usado la calculadora para un supuesto ahorro y no la construcción de una administración local sólida y consensuada”, asegura José Alberto Novoa, coordinador provincial de Izquierda Unida

 El pasado viernes 26 de Julio el Consejo de Ministros aprobó el llamado Proyecto de Ley para la Racionalización  y la Sostenibilidad de la Administración Local. Un proyecto aún más regresivo que las  versiones anteriores del anteproyecto, que ha sido  ampliamente rechazado, incluso en las propias filas del PP, y pese a las graves advertencias en contra del Consejo de Estado.

 

Con la aprobación de esta reforma se deja claro, según José Alberto Novo, “la intención de favorecer la iniciativa económica privada y ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la constitución  en su art. 135.” Artículo 135 que prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social y que es la base de toda reforma normativa que está sufriendo la población , gracias a la connivencia del PP-PSOE.

 

Esta reforma plantea el tutelaje de una administración sobre otra, al incrementar el reforzamiento de las Diputaciones, que coordinaran los servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como la gestión tributaria, contratación centralizada, planes económicos financieros y procesos de fusión de municipios, dando lugar a un “redimensionamiento de las estructuras”, léase despidos. 

 

Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidos en los Estatutos de Autonomía y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones.

 

Desde Izquierda Unida planteamos la necesidad de una ley de financiación local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base de competencias en el ámbito social, eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer transferencias patrimoniales y competenciales a comarcas o municipios.

 

“La movilización social, sindical  e institucional sigue siendo la vía de respuesta y rechazo a una reforma local que se puede parar desde la rebeldía ciudadana, en los próximos meses (septiembre y noviembre) hay que intensificar la movilización y continuada contra la reforma”, señalaba Jose Alberto Novoa , coordinador provincial de Izquierda Unida.