Izquierda Unida de Ávila denuncia la insostenibilidad del decreto 3+2

La formación de izquierdas advierte de la progresiva privatización del sistema universitario y recuerda que con las nuevas medidas “únicamente una minoría privilegiada tendrá acceso a una formación completa”.

Izquierda Unida de Ávila muestra su rechazo a las reformas del sistema universitario impulsadas por el Partido Popular y reitera su apoyo a las movilizaciones y protestas convocadas en todo el territorio nacional –25 y 26 de febrero- ante las modificaciones emprendidas por PP en el sistema universitario. Reformas “insostenibles” para el sistema público de educación cuyo último fin “radica en el pretendido interés por la privatización encubierta de la universidad pública y la defensa de intereses privados en el sector de la educación”.  


Desde la formación abulense se recalca la importancia de derogar el artículo 135 de la Constitución, impulsado por el PP y el PSOE, para que “la educación pase a ser una prioridad por encima de los intereses de los bancos, promoviendo con ello una financiación pública en todos los niveles educativos que garantice el acceso de todos los jóvenes en condiciones de igualdad”.


“El decreto 3+2, la aprobación del Plan Bolonia, el aumento de las tasas o la privatización de la Universidad Pública han supuesto un modelo de educación universitaria en el que sólo una minoría económica privilegiada tendrá acceso a la formación necesaria para desempeñar una profesión de alta cualificación” se apunta desde Izquierda Unida de Ávila en una semana en la que la comunidad universitaria muestra su rechazo al decreto 3+2.

 

“Lo que pretende el PP con este Real Decreto es establecer un corte selectivo en la educación superior, quitando así valor a los títulos de grados universitarios, los más accesibles, condenado a la juventud a la precariedad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Además esta reducción supondrá recortar la financiación pública: si antes se financiaban públicamente los 5 años de las licenciaturas, ahora sólo serán los 3 años de grados, trasladando a las familias el coste global de los máster y beneficiando a las universidades privadas”.


En definitiva “estamos ante un decreto que ha sido elaborado sin contar con la comunidad educativa, tratándose de una reforma encubierta del sistema universitario. Se modifica así la ordenación de las enseñanzas universitarias (cambio del 4+1 al 3+2), así como los requisitos para la creación de centros universitarios que facilitan abrir nuevas universidades privadas y el sistema de acreditación del profesorado universitario”.