IU solicita la creación urgente de una comisión para abordar la solución a la anulación de la Sexta Modificación del PGOU

Montserrat Barcenilla entiende que “dada la complejidad del tema, la necesidad de dar transparencia al proceso así como las severas consecuencias que pudiera tener para la ciudad, es preciso la participación de todos los grupos políticos en todo el proceso”,

El grupo municipal de Izquierda Unida de Ávila insta a la búsqueda “urgente” de una solución “en la que se prioricen los intereses de la ciudad”  tras la sentencia del Supremo que confirma la anulación de la Sexta Modificación del PGOU. “Un problema que ha generado el Partido Popular y que ha situado a la ciudad ante un callejón sin salida, dado que no puede permitirse no cumplir con el convenio suscrito en su momento –y que permitió la construcción del Cylog y la continuidad de Nissan en Ávila- pero que tampoco puede afrontar los costes de un acuerdo que a todas luces puede ser muy lesivo para los intereses de los abulenses y de la ciudad” advierte Montserrat Barcenilla, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila, que llegado este punto solicita “la puesta en marcha de una comisión municipal con presencia de todos los grupos políticos donde se propongan y negocien las posibles soluciones y sirva de organismo de control, desde el inicio hasta el final, de todo este proceso”.


Para Barcenilla la sentencia del Supremo “viene a dar la razón a Izquierda Unida de Ávila, que en su día se opuso a la modificación del PGOU y a los que, ya en 2013, advertimos de la necesidad de buscar soluciones cuando el TSJ anulaba la ampliación hacia Naturávila”. Entonces Montserrat Barcenilla recuerda que “no compartíamos que la resolución al problema fuera económica ni lo compartimos ahora, dado que no es una posibilidad para una ciudad que aún dispone de terrenos suficientes como para cumplir el convenio”. Un problema “ante el que se podía haber avanzado una solución en estos dos años pese a los recursos que entonces interpuso el Partido Popular y que, a mayores, van a suponer el pago de unas costas judiciales importantes”.


Precisamente ha sido la dejadez del Partido Popular la nota dominante en un proceso “que tiene responsables políticos”. Para Montserrat Barcenilla “desde el actual Equipo de Gobierno y el resto de la corporación municipal deben ser exigidas las máximas  responsabilidades de quienes participaron en la negociación con la empresa que cedió los terrenos de Fuentebuena, así como los ejecutores políticos de la Sexta Modificación del PGOU”. En este punto Izquierda Unida de Ávila reclama que desde el Ayuntamiento de Ávila “se pongan en marcha las medidas que sean necesarias para depurar responsabilidades entre quienes pueden llevar a la ruina a la ciudad”. Un proceso “que tiene nombres y apellidos, aunque precisamente debería ser la actual corporación municipal la que establezca la responsabilidad política de aquellos que actuaron, a la vista de los hechos, con mala fe, sino con algo más”.


En este punto entiende la actual portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila que debería aclararse “por qué no se hicieron avances entre 2006 y 2009 para cumplir el convenio por el que se acordaba la cesión de los terrenos de Fuentebuena para la puesta en marcha del Cylog, un elemento que debía servir para el desarrollo industrial de la ciudad y la continuidad de Nissan”. Un convenio “que cumplía con requisitos de interés para la ciudad como era el desarrollo industrial, la disponibilidad de elementos de continuidad para las empresas de la ciudad, así como la posibilidad de compensación a través de suelo urbano, en esos años sobradamente existente”. Sin embargo “el cumplimiento de los acuerdos por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular quedó en el alero, lo que provocó el inicio de unas negociaciones que derivaron en el 2010 en la Sexta modificación del PGOU”, que ampliaba el suelo urbanizable y comercial en un total de 841.000 metros cuadrados en la zona que va desde la gasolinera de Rivilla hasta Naturavila –divididos en tres sectores – y que ponía sobre la mesa 3.396 viviendas más. “Un absoluto despropósito y un desequilibrio urbanístico al que Izquierda Unida de Ávila se posicionó en contra en todo momento”.

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