Intoxicaciones: controles y responsabilidad
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Intoxicaciones: controles y responsabilidad

Administraciones y consumidores tenemos nuestro papel en las crisis de productos de consumo. Hay que exigir más controles e inspecciones y didáctica sobre etiquetado y conservación.

En las últimas semanas vivimos inmersos en una espiral de crisis de sanidad o salud. Encadenados, el brote de listeriosis, la toxina botulínica, una salmonelosis y el caso de un medicamento mal fabricado han irrumpido en los titulares de prensa aflorando, para mal, el funcionamiento de una parte de la larga cadena que lleva productos tan básicos como los alimentos y las medicinas hasta nuestro hogares. Una situación que exige muchas explicaciones, absolutamente necesarias, vitales, porque se ha demostrado que cualquier error o irresponsabilidad en el proceso puede poner en juego la salud de muchas personas.

 

Los cuatro casos citados aportan valiosos matices a la hora de entender cómo funcionan los mecanismos de control de los principales bienes de consumo, qué podemos esperar de ellos, qué no y cuáles son las responsabilidades, públicas y privadas, que se deben asumir. El brote de listeriosis, con más de 200 afectados, demuestra lo lejos que puede llegar un simple descuido en los controles sobre la salubridad de los procesos industriales de manipulación de alimentos, y lo caro que puede salir no vigilar sectores críticos. Una falta de control en Andalucía puede extender la 'mancha' por medio país, e incluso al extranjero.

 

En el caso de la salmonelosis, todo apunta a una mala praxis final en el establecimiento. Las normas del sector, la hostelería en este caso, son claras, pero algo ha fallado en materia de conservación o elección de los productos, sin que la presencia de una inspección a tiempo (y la correspondiente sanción) haya podido evitarlo. 

 

En cuanto a los afectados por toxina botulínica, una lata de un producto tan común como el atún en aceite ha llevado al hospital a cuatro miembros de una misma familia por comer la misma ensaladilla; en principio, el origen de la compra apuntó a una firma que atraviesa por un momento empresarial difícil y pronto se desataron las críticas, como en el conocido caso de la granja porcina del programa 'Salvados'. La alarma se ha demostrado prematura: solo una lata estaba afectada, lo que apunta ahora a una mala conservación por parte del consumir final que ha podido (y puede) tener desastrosas consecuencias económicas para las empresas productora y distribuidora.

 

Por último, el caso del omeprazol de fabricación india que ha causado numerosos casos de bebés con 'síndrome hombre lobo'. Lo que hemos conocido ahora son las consecuencias, reversibles afortunadamente, de consumir un medicamento sobre el que hubo alerta casi inmediata y que incumplía las normas en uno de los pasos de su fabricación.

 

La principal conclusión que podemos sacar es que fallan los controles intermedios y finales. Las exigencias en las normas de industria o salud pública sobre maquinaria, procesos o salubridad parecen bien diseñadas: son cada vez más estrictos y podemos descartar errores u omisiones en los requisitos que se piden para poner un alimento o un medicamento en el mercado. En todo caso, muchas veces se pide 'de más'... para evitar situaciones como las de estos últimos días. El problema, casi siempre, se produce después.

 

También hace falta un sistema de alertas realmente eficaz, claro y anticipativo. En los medicamentos funciona de manera satisfactoria, con controles realmente exigentes en la fase industrial en un sector muy poderoso y una red de aviso que empieza por las farmacias. La red de distribución de alimentos es mucho mayor en volumen de establecimientos, pero se maneja un esquema similar de exigencias e intereses industriales.

 

Con frecuencia, las plantillas de inspectores son insignificantes, con un número de funcionarios que se cuenta con los dedos de una mano para controlar fábricas, supermercados, pescaderías, carnicerías...

 

El problema es cómo se controla eso sobre el terreno, y ahí entran las administraciones. Casos como los citados tienen que obligar a una reflexión sobre los medios materiales y humanos que se dedican al control de consumo. Con frecuencia, las plantillas de inspectores son insignificantes, con un número de funcionarios que se cuenta con los dedos de una mano para controlar fábricas, supermercados, pescaderías, carnicerías... Incluso los mismos que visitan establecimientos se tienen que asegurar del cumplimiento de leyes como las del control del tabaco. Cuando las administraciones tienen tantas obligaciones, y en materias tan delicadas, deben dotar medios a la altura de la responsabilidad que representan.

 

Los cuatro casos dibujan el mapa de los controles que se hacen sobre algunos de los principales bienes de consumo, y los fallos que se pueden cometer, pero también necesitamos más información. Cuando la alarma sobre la listeria ha llegado a la calle, ya no basta con preguntar en la carnicería por lo que nos venden: el error se ha producido antes y para cuando llega a la opinión pública solo queda esperar el conteo de casos. Hay que hacer didáctica con el etiquetado, enseñar cuándo hay que sospechar de un producto. Y también qué errores no debemos tolerar que se cometan en envasados o almacenaje, errores que tampoco podemos cometer en casa.

 

La dispersión de competencias entre administraciones complica el necesario control de la amplia cadena que lleva alimentos a supermercados, establecimientos, bares, hogares... y da lugar a la entrada de los matices políticos. Al margen de la poco edificante utilización de estos asuntos, necesitamos que las autoridades reconozcan qué falla y de quién es la responsabilidad. El mayor volumen de controles no nos debe dar miedo, todo lo contrario. Nos va la salud en ello, y con eso no se juega.