Impuestos: bajada de sucesiones, IRPF congelado y beneficios para jóvenes y mundo rural

Hacienda, Agencia Tributaria, AEAT, declaración de la Renta, contribuyente

El 90% de los ciudadanos no tendrá que pagar por una herencia, se bonifica el impuesto de la renta por rehabilitar vivienda y se mejora la deducción por alquiler para jóvenes que elijan vivir en el mundo rural. Servirán para que los ciudadanos se ahorren 281 millones de euros.

El Proyecto de Ley de Presupuestos se acompaña del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que recoge las decisiones ya anunciadas en relación a la bajada de impuestos. Así, eleva de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en Sucesiones para herencias directas, es decir, de padres a hijos y entre cónyuges, lo que hará que más del 90 % de los contribuyentes no tengan que pagar nada; crea un beneficio fiscal para asentar población en el medio rural, que consiste en una bonificación del 15 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rehabilitar viviendas en los pueblos para arrendarlas por menos de 300 euros al mes.

 

Estos 51 beneficios fiscales con un coste para las arcas regionales de 281 millones de euros que se quedarán en el bolsillo de los castellanoleoneses, particulares o empresas.

 

Además, mejora la deducción por compra del hogar habitual y por alquiler para jóvenes residentes en pequeños núcleos de población; amplía la ventaja en el IRPF por invertir en empresas que generen empleo en Castilla y León, en favor del emprendimiento, y establece cinco años de moratoria en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para nuevas inversiones en energías renovables en territorio autonómico.

 

Asimismo, los presupuestos mantienen la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta, que no hay que olvidar que se redujo en 2015 y 2016.

 

Paralelamente, en 2017 se aplicarán 51 beneficios fiscales –los 50 que estuvieron vigentes el año pasado y el que se crea en virtud del Proyecto de Ley de Acompañamiento–, con lo que ello supone de una menor tributación efectiva. Centrados en el apoyo a las familias, el fomento del empleo, el acceso a la vivienda y la protección del patrimonio, implican un coste global de 281 millones de euros que se quedarán en el bolsillo de los castellanos y leoneses, ya sean particulares o empresas.