Impuesto de sucesiones: la baza fiscal con la que Castilla y León inicia una nueva etapa
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Impuesto de sucesiones: la baza fiscal con la que Castilla y León inicia una nueva etapa

Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de la propuesta para suprimir el impuesto de sucesiones. Foto: Ical

La supresión del impuesto de sucesiones supone volver a empezar donde Castilla y León se tuvo que parar hace un año: una medida para posicionar a la comunidad ante la competencia de Madrid y con la que estrena la salida de la pandemia.

El debate y presumible 'luz verde' para la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León tiene un importante significado simbólico, político y, por supuesto económico. Su debate este martes y miércoles en el pleno de Cortes es por ello una fecha señalada porque ni se trata de una medida cualquiera ni de un momento cualquiera para la práctica eliminación de uno de esos impuestos que sitúa a la comunidad en posición de desventaja en un contexto de feroz competencia fiscal.

 

La eliminación lo que el Gobierno regional define como un "impuesto injusto" beneficiará a entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses cada año, supondrá un ahorro para las personas de 35 millones de euros anuales, 23 millones en el caso concreto de 2021, según las cuentas de la Junta. Servirá para que una herencia pase de cara a casi gratis, como en muchas comunidades limítrofes. El ejecutivo autonómico maneja, no obstante, otras cuentas porque su teoría es que la práctica supresión del impuesto, que se bonifica al 99%, será un incentivo para que empresas y particulares se queden en Castilla y León y que estimulen su economía en vez de hacerlo allí donde se han estado marchando a la hora de una sucesión o de una herencia.

 

Castilla y León tiene un problema con la fuga de talento, capital humano y empresas. Cada año pierde de todos ellos a puñados en dirección a comunidades limítrofes, y Madrid es la principal brecha. Allí este impuesto, el de las herencias, es casi gratis mientras que aquí, todavía, sale caro. Muchas familias y empresas de la comunidad acaban por marcharse donde sus hijos o segundas generaciones ya han tenido que marcharse en busca de oportunidades. Tratar mejor a los que quieren permanecer en el territorio, y que sus legados económicos también se queden con ellos, puede ser una manera de frenarlo. Acabará siendo una política económica más que fiscal.

 

La aprobación de la medida tiene también un caracter simbólico. La supresión del impuesto de sucesiones fue una promesa inicial de Mañueco. Allá por septiembre de 2019 el presidente de la comunidad veía como otros 'barones' territoriales del PP anunciaban bajadas de impuestos, particularmente en Madrid, la principal competencia de Castilla y León por empresas y población. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anunciaba una ofensiva con rebaja de todos los tramos de IRPF con la que se apuntaba para crear un oasis fiscal en el que nuestra comunidad era una de las principales perjudicadas.

 

Mañueco tuvo que aplaudir entonces la jugada de la incipiente lideresa madrileña, aunque pronto movió ficha. Pero llegó el Covid y lo echó todo por tierra: el destino ha querido que en marzo de 2020 el pleno fijado para la aprobación inicial de la supresión del impuesto de sucesiones fuera el primero en suspenderse. La Junta tuvo que aparcar la medida, reconoció que no era el momento, pero otro terremoto, el de la moción de censura, la sacó a flote de nuevo para que se apruebe ahora, un año después. Es como si todo volviera a empezar donde se paró: supome retomar la agenda 'no Covid', algo necesario.

 

Por último, está el componente político. Este acuerdo es el primero en el que el gobierno regional, en minoría técnica desde la moción de censura, contará con el apoyo de grupos que no integran el ejecutivo para obtener la mayoría parlamentaria necesaria. El voto de Por Ávila y Vox está asegurado y esta suma supone el estreno de una etapa. La nueva situación ha obligado a recuperar el diálogo, y no ya como vocación estética, sino como necesidad. La matemática parlamentaria abre un panorama diferente aunque parece que PP y Cs ya han elegido socio preferente, la formación territorial abulense, pero no se puede descartar que el cambiante escenario político obligue a variar la fórmula o alternar remedios. Algunas de las últimas votaciones, en las que la procuradora disidente ha sido clave, demuestran que nunca está de más contar con aliados. Haría bien el Gobierno en afilar sus armas negociadoras y no descartar ninguna baza para evitar dependencias inadecuadas.