Hacer ahora lo que hay que hacer, y hacerlo juntos
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Hacer ahora lo que hay que hacer, y hacerlo juntos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente de Castilla y Leó, Alfonso Fernández Mañueco. Foto: Ical

El avance imparable de la pandemia fuerza un intento desesperado para evitar un confinamiento como el de marzo y sus nefastas consecuencias para la recuperación. Castilla y León abre el camino a seguir: cooperación, diálogo, respeto y auténtica cogobernanza.

La ola otoñal de coronavirus ha dejado de ser una mera réplica de la primera ola de la pandemia para convertirse en un desafío incluso mayor que el que planteba aquella. En cuestión de días, casi de horas, el virus ha disparado su incidencia en Castilla y León y todo el país hasta niveles inasumibles. No es marzo, pero se le parece mucho porque de nuevo hay transmisión comunitaria: le hemos perdido la pista al virus y ya no controlamos donde aparece. Conocemos las terribles consecuencias en muertes y enfermedad que es capaz de provocar en estas condiciones y no ha quedado más remedio que actuar, y hacerlo de manera conjunta se ha convertido de nuevo en un reto incluso mayor que contener al virus.

 

La situación la verbalizaba el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, horas antes de tener que impulsar por vía de urgencia el toque de queda, el último salvavidas antes de la oscuridad del estado de alarma que se cernía ya entonces sobre la comunidad. "No se puede engañar a la gente diciendo que no haremos una cosa que vamos a hacer, porque cuando los hospitales estén llenos y la gente se esté muriendo en los pasillos, tendremos que hacerlo, así que hagamos ahora lo que tenemos que hacer".

 

Decía el vicepresidente que no se podía esperar más, y después se ha producido una catarata de acontecimientos: varias comunidades pidieron el estado de alarma y al final el Gobierno, en pleno fin de semana, ha dado el paso. Sin embargo es la reacción de la Junta la ha marcado el camino a seguir. No se trata de ser aquellos a los que antes se les ocurrió, ni los primeros que lo lanzaron a la prensa, no vale subirse a ningún carro ni colgarse ninguna medalla, sino de hacerlo como hay que hacerlo: de manera motivada, con fundamentos científicos y con política de altura. Esa es la auténtica lección que ha dado Castilla y León. 

 

España vive un momento de máxima crispación, aunque al menos disparates como el de la última moción de censura parecen haber tenido un efecto de llamada a la cordura que hay que celebrar. El frentismo y los vacuos espectáculos políticos en el Congreso o los proyectos sin consenso no son de ayuda para alejar al país de la crítica situación a la que se arriesga. Justo ahora toca hacer las cosas como hay que hacerlas.

 

En medio de este panorama, Castilla y León no se ha limitado a pedir por pedir, a jugar a molestar, al 'corre que te pillo', sino que ha sido capaz de sentarse con el Gobierno central y lo ha hecho con lealtad, diálogo y mucho trabajo. No se trataba de alarmismo, sino de legalidad y ciencia. Algunos todavía han echado cuentas en clave política: el 'escándalo' de esta semana es que no ha habido comunidades 'del PP' que pidieran ir al estado de alarma, se supone que por no desairar a Pablo Casado. Se equivocan en el fondo: no era cuestión de pedir el estado de alarma sobre todas las cosas, sino de pedirlo como base legal para la medida que ahora toca. Y eso solo se puede hacer cuando tienes referentes de la gestión (mejor o peor) de la pandemia.

 

Solo conociendo el ascendente de la consejera Verónica Casado sobre sus colegas en el consejo interterritorial se puede explicar el respeto del ministro hacia la Comunidad y la credibilidad de los planteamientos de su gobierno. Esa sintonía ejemplar, ajena a colores políticos, es la que hace falta ahora. Y es más necesaria que nunca.

 

La comunidad, y España entera, se están jugando en este momento buena parte de su futuro a muchos años vista. Si el toque de queda no logra frenar el imparable alza del virus, no habrá más remedio que volver al oscuro confinamiento total de marzo. Eso ya se verá, pero ahora toca un último intento para evitarlo, la última oportunidad que tenemos para doblegar la segunda ola antes de que la crisis sanitaria redoble la potencia de la crisis social a la que ya nos enfrentamos para quién sabe cuántos años. Por eso, es la hora de la responsabilidad con mayúsculas y a todos los niveles: individual, colectiva, política e institucional.

 

Todos tenemos responsabilidades que entran dentro de ese 'hacer lo que hay que hacer'. Hay que respetar escrupulosamente las medidas sanitarias e higiénicas, hay que evitar situaciones de riesgo y hay que cumplir con las restricciones, también con las que afectan a nuestras reuniones familiares y sociales. No tiene ninguna justificación que sigan produciéndose comportamientos irresponsables en el ámbito personal, y tenemos la obligación como sociedad de invitar a quienes no cumplen a ser solidarios.

 

Esa responsabilidad alcanza por supuesto lo político y lo insitucional. De nada sirve entregar la 'papeleta' a los ayuntamientos, como se ha hecho con la 'nueva normalidad', o a las comunidades ahora que se ponen las cosas feas. En esta situación, no hay bandos sino una ciudadanía a la que cargos e instituciones se deben por encima de todo. Esa bandera no la tiene que coger ni Gobierno ni las comunidades, al menos, no por separado, sino de manera conjunta. Esa es la auténtica cogobernanza de la que tanto se ha hablado: la de hacer lo que hay que hacer, la de hacerlo juntos.