Fundaciones y sociedades públicas: cuánto cuestan, para qué sirven
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Fundaciones y sociedades públicas: cuánto cuestan, para qué sirven

E.P.

Hay una pregunta que condena a órganos como la Fundación Villalar y similares que, desde hace años, funcionan lejos de los focos, en segunda línea de la administración: ¿para qué sirven? Esta duda administrativo/existencial es la última etapa de una reflexión muchas veces hecha, que empieza cuando se crean, sigue cuando se nombra a sus miembros y termina cuando nos enteramos de lo que cuestan.

 

Eso sí lo sabemos, al menos en parte. Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador del Común salen por 8,5 millones de euros, y del total medio millón es para pagar los sueldos de los cargos políticos allí colocados. La Fundación Villalar sale por 850.000 euros al año. La Fundación Siglo, a la que ahora apuntan todas las miradas, cuesta 30 millones de euros al año, la mitad para gestionar cuatro museos regionales y 6,8 millones para personal. La Fundación Patrimonio Natural ronda los 10 millones de euros. Y también están el Instituto para la Competitividad, el Ente Regional de la Energía (unos 20 millones anuales), el Itacyl (360 millones) y Somacyl (380). La factura es bastante abultada, más justificada en algunos casos, totalmente prescindible en otros.

 

Si a Fuentes le parece innecesario mantener una estructura paralela como la Fundación Villalar, no queda más remedio que aplaudirle

La decisión de Luis Fuentes puede ser un precedente complicado. El presidente de las Cortes ha liquidado la Fundación Villalar porque no ha cumplido su fin de crear un sentido de comunidad. Visto así, la decisión es impecable, aunque encomendar la difícil tarea de dar sentido a nuestra junta de comunidades a una simple fundación suene excesivo. Ahora, si a Fuentes le parece innecesario mantener una estructura paralela como esta fundación, la explicación suena mucho mejor y no queda más remedio que aplaudirle. Está claro que por algún lado había que empezar, pero hay algo que ya no se puede negar: sobran muchas.

 

En los últimos años la Junta ha ido soltando lastre con el cierre de decenas de sociedades y entes públicos de dudosa utilidad. La administración regional tenía casi un centenar, además de participación en multitud de fundaciones propias y ajenas. El ahorro de desprenderse de ellas se calcula en 1.400 millones de euros. Sorprendió entonces el ingente número de entidades que se usaban de manera interpuesta para gestionar lo público con forma privada. No es ilegal, y de hecho incluso los ministerios tienen sus empresas participadas, pero hay que tener claro que se usan para escapar del corsé normativo de lo público y beneficiarse de normas de contratación de personas y servicios más convencionales... Y menos controlados.

 

Esta es su virtud y principal pega, el motivo que convierte su uso/abuso en sospechas de un fin clientelista. Muchas veces no queda claro qué beneficio hay en mantener sociedades que se sostienen única y exclusivamente con fondos públicos, que trabajan siempre por encargo del sector público y que no se rigen por las normas de transparencia, publicidad y control de lo público. Al menos, los casos de la administración regional, Itacyl y Somacyl, parece que funcionan.

 

Otro cantar son los órganos propios de los que Castilla y León se ha dotado, a los que encontrar utilidad exige de un importante ejercicio de buenismo. Consejo Consultivo y de Cuentas acogen, sin disimulo, a antiguos cargos y funcionan en este sentido como un ramillete extra del catálogo de puestos de carácter político. Se busca el consenso en los nombramientos, lo que acaba siendo un indicio más del enjuague. Su labor fiscalizadora tampoco los justifica, toda vez que la propia administración se toma las recomendaciones de ambos consejos muy a la ligera. Así qué, ¿para qué sirven? Es tan difícil de justificar su permanencia que puede que la limpia de la administración paralela deba llegar, próximamente, a esta esquina.