El simplismo del PSOE con el impuesto de sucesiones

El PSOE, todavía enojado por ser la fuerza más votada en Castilla y León y no poder gobernar, rechaza la rebaja del impuesto de sucesiones que la Comunidad necesita para no dar más motivos a quienes se marchan por el mejor tratatamiento fiscal de otras autonomías.

A pocos días de cumplir sus seis primeros meses, el Gobierno de la Junta ha dado impulso a la que ha sido su medida más mediática, la eliminación del impuesto de sucesiones. La bonificación al 99% supondrá la práctica desaparición de un impuesto sobre el que Castilla y León tiene la despiadada competencia de comunidades como Madrid, que tiene un tratamiento fiscal ventajoso que atrae a ciudadanos castellanos y leoneses en detrimento de la Comunidad. Cuando, previsiblemente en mayo, este impuesto esté reducido al máximo posible las familias y pequeños empresarios tendrán un punto a favor para quedarse, o al menos no en contra.

 

La medida, por supuesto, no es la panacea: ninguna medida lo es por sí sola, y menos cuando se trata de ir frenando como se pueda la pérdida poblacional, el gran problema de Castilla y León, alimentado por una decadencia demográfica que se contagia a lo social y económico. Precisamente porque esta es la gran guerra del futuro de la comunidad el gobierno autonómico no se puede estar de brazos cruzados mientras otras comunidades atacan con ventajas fiscales. Y también por este motivo sorprende el rechazo frontal del PSOE a la medida, una postura que tiene difícil explicación y un trasfondo que no deja a los socialistas en buen lugar.

 

En una sorprendente comparecencia, la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, mostraba en Salamanca su "más absoluto rechazo" a la eliminación del impuesto de sucesiones. Sobre la postura de los socialistas, decir que cada partido elige donde se posiciona en cada cuestión. Pero sí sorprende el simplismo final con el que se opone a la fórmula: es una medida que beneficia a los ricos.

 

El enunciado asombra porque, entre sus argumentos, Rubio y los socialistas desgranan con acierto muchas de las claves para que esta medida fiscal sea efectiva. Recuerdan que son unos 180 millones los que se recaudan, y que ahora habrá que ver de dónde salen, porque la merma impositiva está ahí: no es la primera vez que un gobierno del PP se escuda en la necesidad de asegurar ingresos para negar rebajas como la del IBI de los ayuntamientos, por ejemplo. Aflora aquí también una visión diferente de las cuentas públicas, basada en la aportación progresiva la del PSOE y confiada en la actividad económica la del PP. También aciertan los socialistas cuando recuerdan que este impuesto ya está bonificado al 99% en muchos casos, y que ahora se generalizará. Y que ya estuvo vigente entre 2009 y 2012 y que la Junta tuvo que dar marcha atrás cuando empezaron a escasear los ingresos públicos por la crisis.

 

Y eso sin olvidarnos de la cuestión estructural de fondo, la financiación de las autonomías y la batalla fiscal desatada entre ellas. No debería ser así en impuestos que están cedidos y son de carácter estatal, pero la realidad es que Castilla y León tiene un marco fiscal poco competitivo. Baste una cifra, vinculada al impuesto de succesiones: por una misma herencia se pagan en Castilla y León más de 80.000 euros y solo 1.500 en Madrid. A efectos prácticos, muchas familias y pequeñas empresas se están moviendo para poder trasmitir de la manera más favorable, y eso lleva a muchos hijos a estudiar a Madrid y a muchas segundas generaciones a formarse en la comunidad vecina. Y eso es un gran problema.

 

La cuestión tiene demasiada trascendencia como para resumirla en la dualidad de "política para ricos y política para trabajadores", y el PSOE lo hace. Así de sencillo, y así de pobre, nos presenta el argumento final de un rechazo que más bien parece todavía cegado por lo que pudo ser y no fue, esa victoria electoral que no fue suficiente para alcanzar el gobierno regional. Seis meses hace de aquello, y el enfado persiste y nubla la función de control que debe ejercer el grupo encabezado por Luis Tudanca en Cortes. Cierto es que si las palabras en campaña del actual vicepresidente de la Junta hubieran significado lo que todos entendimos, hoy PSOE y Cs formarían gobierno. Y no menos cierto es que Francisco Igea, que ahora amaga con una candidatura a la vacante presidencia 'naranja', no pudo torcer en su día los designios impuestos desde las alturas que ocupaba Rivera.

 

Lo ocurrido condenó a los socialistas de Castilla y León a la oposición siendo la fuerza más votada, cuando ya acariciaban un gobierno que perseguían desde hace décadas. El enojo todavía dura, quizás con la esperanza de que las tornas cambien (y no parece que vayan a cambiar). Mientras tanto, esta percepción enfadada de la realidad aparta a los socialistas de la importante labor de una oposición sensata, constructiva y responsable. Y les condena a seguir instalados en un simplismo que anula argumentos.