El PSOE "solicitará aclaraciones" en las Cortes sobre la demora de plazos en el traslado del Centro de Menores

Soraya Blázquez realizando declaraciones. Foto de archivo.

Soraya Blázquez, procurada socialista por Ávila, considera que la Junta "está mostrando una falta de previsión inaceptable".

La procuradora abulense del PSOE, Soraya Blázquez, ha criticado de nuevo "el auténtico despropósito que rodea el nuevo edificio de la Residencia Juvenil Arturo Duperier" y considera que las nuevas demoras denunciadas por los representantes de los trabajadores "merecen una explicación urgente de la Junta de Castilla y León en sede parlamentaria".

 

En este sentido, Blázquez ha adelantado que, coincidiendo con la comparecencia el próximo viernes en la Comisión de Familia de la consejera del ramo, Isabel Blanco Llamas, el Grupo Socialista solicitará aclaraciones sobre este asunto en las Cortes autonómicas.

 

“Parece que la Junta no ha tenido suficiente con retrasar una década la puesta en funcionamiento de la nueva residencia y pretende ahora completar su desatino generando incertidumbre y dudas sobre la idoneidad del inmueble para prestar los servicios anunciados, ha afirmado la procuradora socialista.

 

Según Soraya Blázquez, “diez años después de la inauguración prometida y no cumplida, es inaceptable la falta de previsión que está demostrando la Junta de Castilla y León al retrasar la incorporación del centro de menores y mantener operativas las instalaciones de la antigua residencia Arturo Duperier, por lo que la Junta tendrá que explicar que está sucediendo realmente.

 

Además, “después de ocho millones invertidos resulta inadmisible que aparezcan ahora desperfectos en algunas de las estancias del nuevo edificio”, ha añadido la socialista, para quien “el tiempo está poniendo en su sitio a los responsables de la Junta, que no han parado de incumplir compromisos y promesas en relación con este centro.

 

Por ello, Blázquez ha insistido en que la consejera de Familia “tendrá la oportunidad de garantizar en sede parlamentaria que el edificio cumple al cien por cien la normativa vigente para prestar un servicio público a jóvenes con necesidades diferentes y que el estado de las instalaciones no incidirá negativamente en las condiciones laborales de los trabajadores adscritos al centro.

 

Desde su punto de vista, tras la elevada inversión realizada, "la Junta de Castilla y León tiene que ser determinante a la hora de garantizar la convivencia entre los estudiantes y los alberguistas y los internos del centro de menores, tanto en el ámbito de la seguridad como en cuanto a las necesidades específicas que pueda tener cada uno de ellos".