El PP pide mayor celeridad en el traslado de fallecidos entre las comunidades de Madrid y Castilla y León

El PP solicita a los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Madrid que trabajen para solventar los obstáculos a los que se enfrentan los familiares de fallecidos que desean trasladarlas de Madrid a Castilla y León.

En la moción, los diputados provinciales de este grupo afirman que son “habituales” estos casos, por razones de hospitalización médica, ante los convenios bilaterales existentes, de muerte fortuita o de residentes en la provincia de Ávila que fallecen en centros hospitalarios de Madrid, de la misma forma que hay personas que son residentes habituales en la Comunidad de Madrid cuyos familiares desean que sean velados y enterrados en localidades de la provincia.

 

Sin embargo, el marco jurídico vigente y la práctica habitual de los agentes participantes y los servicios funerarios obligan a que los fallecidos no puedan ser trasladados a los municipios abulenses, por encontrarse en comunidades autónomas diferentes.

 

Además, hay que tener en cuenta el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, que deja en manos de la autoridad administrativa sanitaria la autorización del traslado de los cadáveres y que prohíbe estos traslados en féretros cerrados hasta transcurridas 24 horas desde el fallecimiento, aunque no se trate de muertes que puedan exigir trámites judiciales específicos, como autopsias o reconocimientos.

 

Según el Grupo Popular en la Diputación de Ávila, esta realidad provoca un “evidente perjuicio económico” a las familias afectadas, además de un “elevado coste afectivo y sentimental”, por lo que consideran “razonable” que se tienda a reducir el margen de 24 horas de bloqueo del traslado y que se establezca un régimen de declaración responsable y no de autorización administrativa.

 

Así, este grupo insta a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad de Madrid a evaluar la problemática del traslado de cadáveres entre ambas comunidades autónomas, trabajando conjuntamente para solventar los obstáculos legales existentes en la actualidad, que provocan perjuicios afectivos irrecuperables a los familiares fallecidos.

 

De la misma forma, en el caso de que no fuera posible armonizar las normativas legales, se insta a ambas instituciones a suscribir un convenio que aborde esta cuestión de manera específica con la debida seguridad jurídica.