El permiso para instalar cámaras de vigilancia sólo se puede obtener tras superar estrictos requisitos

La Subdelegación del Gobierno avisa de que no son fáciles de obtener autorizaciones de este tipo.

Ante el interés suscitado en algunos ayuntamientos de la provincia por la instalación de cámaras de vigilancia a fin de incrementar la seguridad en sus términos municipales, la Subdelegación del Gobierno desea informar sobre las condiciones que afectan a su puesta en funcionamiento y al uso de esos dispositivos.

 

Si bien es cierto que la existencia de estos equipos facilita la seguridad de personas y bienes, es necesario tener en cuenta que la captación de imágenes puede vulnerar los derechos personales protegidos por la Ley Orgánica15/199, de 13 de septiembre, sobre protección de datos de carácter personal.

 

 

Por ello, todo el procedimiento sobre su empleo se encuentra específicamente regulado, desde el inicio de la solicitud para su emplazamiento hasta la eliminación de los datos obtenidos.

 

 

En términos generales, el uso de videocámaras debe obedecer al principio de proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido, sin que exista otra alternativa menos invasiva. También, se precisa que dicho dispositivo esté visiblemente anunciado, así como respetar los derechos de las personas mediante la eliminación de las grabaciones tras cierto un tiempo.

 

Cámaras de control de tráfico

 

Las competencias para su instalación corresponden a la Jefatura Provincial de Tráfico en la mayoría de los casos porque se encuentran emplazadas en carreteras o vías interurbanas, que incluyen también las travesías de poblaciones.

 

Por su parte, un Ayuntamiento también puede instalar cámaras de función exclusiva dirigida al tráfico, pero sólo en las calles de la localidad que no son competencia de la DGT. La resolución para este último tipo de uso de cámaras corresponde al Ayuntamiento, que previamente ha de satisfacer requisitos como el de disponer de personal autorizado (Policía Local o contrato con empresa privada de seguridad)para el tratamiento y custodia de las grabaciones, especificación de cada calle o tramo dentro del campo de las cámaras, así como otra serie de condiciones administrativas.

 

 

Vigilancia de la seguridad ciudadana

 

En lo que respecta a la instalación de dispositivos fijos de grabación por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil en la vía pública y por motivos de seguridad, corresponde a la delegada del Gobierno autorizarlos o denegarlos tras el informe de la Comisión de Garantía de Videovigilancia.

 

Si partiese de un Ayuntamiento una solicitud similar, el alcalde debería hacerlo en nombre de la Policía Local del municipio. Dicha petición ha de cumplir con unos estrictos requisitos acerca de la identificación del solicitante, motivos que justifiquen dicha solicitud, localización, captación o no de sonido, así como la filiación del responsable de la gestión y custodia de las grabaciones y equipos utilizados. En cualquier caso, las autorizaciones pueden ser revocadas por un cambio de circunstancias por la Delegación del Gobierno.

 

Las subdelegaciones del Gobierno son las encargadas de recibir estas peticiones y hacerlas llegar a la Delegación.

 

En Ávila, se ha remitido información del asunto de las videocámaras a los ayuntamientos. No obstante, la Subdelegación aclarará cualquier duda que se le formule.

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