El 'no' a la jornada de 35 horas, el primer 'dolor de cabeza' de Mañueco e Igea
Cyl dots mini

El 'no' a la jornada de 35 horas, el primer 'dolor de cabeza' de Mañueco e Igea

Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco, tras el acuerdo de programa entre Cs y PP. Foto: EP

PP y Ciudadanos tienen su primer gran problema conjunto al frente de Castilla y León: una promesa electoral difusa que amenaza huelga de funcionarios.

El nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León había empezado su andadura a ritmos desiguales, al menos, en lo que a problemas de gestión se refiere. Casi desde el primer día consejerías como Sanidad o Agricultura han tenido que resolver 'patatas calientes' en sus áreas, pero los problemas de turno no traspasaban los límites competenciales del despacho del consejero encargado. Hay consejerías que han vivido de susto en susto desde el primer día (Verónica Casado se lleva la palma) y otras que están teniendo margen para un despegue sosegado. Y lo más importante, nunca se habían mezclado responsabilidades de PP y Ciudadanos en un mismo problema. Hasta ahora.

 

Desde hace unos días, el ejecutivo bipartito de la comunidad ya tiene su primer caso conjunto de 'grano en el culo':  la jornada de las 35 horas. Y el asunto no es precisamente de pequeñas dimensiones. La jornada que hacen los empleados públicos es una cuestión central de la administración porque influye directamente en el funcionamiento de servicios esenciales: la sanidad, la educación, los servicios, los trámites que hacemos en ventanilla, los permisos, los proyectos... El personal que trabaja en ellos es numeroso, 85.000 personas, importante para el empleo, el consumo o las cifras de población, y vital para que Castilla y León 'funcione'. No en vano, el colectivo ha estado y está en todas las 'oraciones' de los partidos políticos como núcleo votante de importancia que es.

 

Precisamente es ahí donde el asunto se ha endemoniado. Cinco días antes de las últimas elecciones autonómicas, el PP rubricaba con los tres principales sindicatos representados en la función pública un acuerdo para hacer realidad el regreso a las 35 horas. Decimos bien: regreso, porque lo que los trabajadores públicos piden es recuperar la jornada que tenían antes de la crisis. A día de hoy, siguen haciendo las 37,5 horas que se fijaron cuando, para ahorrar, se les impuso media hora más de jornada, además de recortes en sueldos, permisos y otros derechos laborales. Todos se han ido recobrando, todos menos la jornada. De hecho, la mayoría de ayuntamientos, las universidades o la administración central ya la tienen, una discriminación para los de la administración regional.

 

Con las elecciones en ciernes, el acuerdo con los sindicatos se entendió como una buena jugada del PP. Correspondía con la línea de mejora de la función pública que proponía en su programa electoral, concordaba con las llamadas al diálogo y suponía conceder a los sindicatos algo que llevaban años pidiendo. No había más que aplicar el acuerdo para apuntarse un tanto: la firma era el pasaporte hacia las primeras promesas cumplidas... Hasta Ciudadanos reconoció que les gustaba la medida. Pero el asunto se ha torcido para convertirse en el primer 'problema de gobierno' al 100%.

 

Ahora da igual si la Junta hizo las cuentas de lo que costaba aplicar la medida antes de firmar, si sabía ya que el Gobierno central le iba a deber 440 millones de euros, si es un lujo que no se puede permitir, si la letra pequeña no dice cuándo se hará efectiva, si aplicarla en Sanidad y Educación es difícil... porque las 35 horas son una promesa electoral en toda regla y como tal la han tratado los interesados. La oposición, para hacer leña con lo que considera un engaño manifiesto; los sindicatos para afear al gobierno su falta de palabra (y de firma); y los interesados para sumar una nueva decepción más. El cóctel viene bien cargado, en forma de movilizaciones y de una huelga que puede levantar en armas a 85.000 funcionarios a cuatro días de las próximas elecciones generales.

 

La situación no es crítica, pero tiene suficientes aristas como para asustar al más pintado. Más todavía tras el enfado de la última reunión: duró media hora y terminó por las malas. Pone en entredicho el carácter dialogante que predica Fernández Mañueco, y el miedo de un contagio del mal 'feeling' al diálogo social, donde las partes se tienen que ver las caras 'sí o sí'. Por su parte, Igea tuvo que ser quien saliera para reconocer que no iba a ser posible cuando Cs estaba por la labor. Ahora ambos tienen un problema: prometieron una cosa que no están en condiciones de cumplir, al menos, no todavía. Y si no lo resuelven bien tendrán otro: repartirse el desgaste en el gobierno y en las urnas. Evitarlo puede ser la mejor motivación para resolver este primer problema conjunto.