El mantenimiento de los Programas y Servicios Municipales, será la petición del PSOE en el próximo Pleno

La portavoz del PSOE, Yolanda Vázquez, ha alertado de la confusión existente en los ayuntamientos por la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, fundamentalmente respecto a los servicios, competencias y financiación, debido a los cambios introducidos.

Tal es la situación de confusión e incertidumbre generada en las Entidades Locales por esta legislación, donde los Interventores están cuestionando la continuidad de determinados programas y servicios, que la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a dictar el Decreto Ley 1/2014 de 27 de marzo, de medidas urgentes, para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Castilla y León.


La Junta de Castilla y León con esta normativa, intenta invalidar la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad en Castilla y León. Pretende que todo siga igual a su entrada en vigor. Que los ayuntamientos y Diputaciones sigan gestionando programas y servicios, independientemente de que sean competencias propias, delegables o distintas a las propias. Eso sí. Que las sigan pagando las entidades locales”.

 

“Ante tanto caos normativo, al Grupo Municipal Socialista le preocupa la continuidad de determinados programas y servicios municipales, así como la calidad y cobertura de los mismos. Hay competencias definidas como distintas a las propias y competencias delegables en el nuevo marco normativo, que en estos momentos quedan en el aire su continuidad y su financiación”, ha señalado Yolanda Vázquez.

 

Por ello, la portavoz socialista pedirá en el pleno que “el Ayuntamiento acuerde mantener la totalidad de los programas y servicios municipales, derivados de las competencias delegables o competencias distintas a las propias, que en la actualidad viene prestando, de forma que se garantice la oferta y cartera de servicios a los ciudadanos de Ávila, y que se inicien los trámites y cauces administrativos precisos, para exigir la financiación necesaria a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España de las competencias distintas a las propias o las competencias que pudieran ser delegadas”.