El Gobierno abre la vía para que las comunidades prorroguen cierre perimetral e incluso toque de queda
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El Gobierno abre la vía para que las comunidades prorroguen cierre perimetral e incluso toque de queda

Calles vacías durante el toque de queda en una calle del centro de la capital abulense. (Foto: Archivo).

El Gobierno, firme en su decisión de no prorrogar el estado de alarma, pero las comunidades podrán acudir al Supremo para dar respaldo legal para mantener medidas si los tribunales regionales las rechazan.

El Gobierno está decidido a 'enterrar' el estado de alarma, pero paralelamente va a abrir una vía para que se puedan mantener algunas de sus medidas más duras, como los cierres perimetrales y el toque de queda. Y aunque tiene dudas de que este último se pueda mantener, va a poner a disposición de las comunidades al Tribunal Supremo para que unifique criterios y respalde las medidas de las comunidades. Esto se hará por medio de una ley que será el marco para después del estado de alarma provocado por la crisis del Covid.

 

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto ley que regulará algunas cuestiones legales necesarias tras el fin del estado de alarma que decae el 9 de mayo. Según varios medios, la medida incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorización judicial, algo que ya ocurría, pero ahora podrán acudir al Tribunal Supremo si los tribunales autonómicos rechazan las medidas como ha ocurrido en el pasado.

 

El Gobierno cree que no es posible un toque de queda a partir del 9 de mayo, pero como algunas comunidades lo han pedido, se ha habilitado al Supremo para tener la última palabra si los tribunales autonómicos de justicia rechazan las medidas de las comunidades, como ya ha ocurrido en el pasado. Comunidades como País Vasco, Castilla y León o Castilla-La Mancha han insistido en la necesidad de un marco legal que permitiera restricciones de máximo nivel, algo que no es posible sin decreto de estado de alarma, pero que ahora tiene una puerta abierta; eso sí, las comunidades deberán atreverse a pedir estas medidas y someterlas a sus tribunales autonómicos: si estos las rechazas, entrará el Supremo. Tendrá 5 días para resolver los recursos que planteen las comunidades autónomas sobre las medidas que adopten contra la pandemia.

 

De este modo, el Supremo unificará la doctrina y en breve habrá jurisprudencia para todas las autonomías que señalará si pueden o no tomar esas medidas. De esta forma, se acabarán unificando las medidas en todo el país.

 

El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.

 

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.

 

Según ha explicado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una "innovación jurisdiccional" que ofrece a las comunidades autónomas un "paraguas de protección" en esta nueva fase y permite "afrontar la salida del estado de alarma con tranquilidad y seguridad".

 

"Hemos modificado que, para que todas las CCAA puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos, y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos", ha defendido Calvo, tras hacer hincapié en que ahora todas las administraciones podrán trabajar "en pie de igualdad, incluso en aquellos supuestos que impliquen decisiones que limiten derechos".

 

En este sentido, ha defendido que con esta decisión le ofrecen a las comunidades autónomas "mas garantías con las decisiones que tomen". "Esto significa que los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes para seguir luchando contra la pandemia, con una nueva capacidad de protección y de igualdad para todos, que será la que ofrezca el Supremo", ha defendido.

 

Sobre el alcance de las restricciones que las comunidades podrán seguir adoptando sin estado de alarma, Calvo ha asegurado que debe ser el Supremo el que se pronuncie, en base a la argumentación que haga cada comunidad por su situación epidemiológica. "Cada decisión que se tome y que pueda ser sometida a los tribunales, lo que requiere es una fundamentación suficiente", ha afirmado.

 

Sí se puede toque de queda

Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, en las que ella misma defendió que el toque de queda solo puede decretarse bajo el paraguas del estado de alarma, ahora no ha descartado la posibilidad de que el Supremo pueda avalar, a su juicio, que se tome esa medida, si es para un determinado territorio, y si el gobierno autonómico lo justifica debidamente.

 

"Es evidente que el toque de queda generalizado como el que tenemos hasta el 9 de mayo sólo podamos hacerlo en todo el territorio mediante el estado de alarma", ha explicado. Y a continuación, ha añadido que, sin embargo, las comunidades pueden "justificar, argumentar y proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, los confinamientos o cualquier circunstancia que limite derechos fundamentales", pero sometiéndose "a la autorización judicial".

 

Además, el Gobierno prorrogará tres meses más la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.