El envío de una documentación aviva la polémica entre UGT y Diputación

Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila. (Foto: Archivo).

La Comisión de Trasparencia de Castilla y Léon ha resuelto un expediente a favor del sindicato tras denegarle la institución provincial una información pública solicitada por el mismo.

El Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila vuelve a estar en el foco de la polémica. En esta ocasión por una resolución de la Comisión de Trasparencia de Castilla y León con fecha del pasado 23 de febrero. En ella, el organismo que preside el Procurador del Común regional falla a favor de la Unión General de Trabajadores (UGT) tras reclamar el sindicato la denegación de solucitud de información pública dirigida por Francisco José Muñoz García, en calidad de Secretario de Organización de FSP/UGT, a la Diputación de Ávila.

 

Concretamente, el sindicato solicitó en la Delegación Territorial de la Junta de Castila y Léon en Ávila, con fecha de 29 de noviembre de 2016, que comunicara si el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina contaba con la autorización definitiva de apertura, así como otra petición de información pública, requerida el 5 de abril de 2017, sobre la adecuación de la resiencia situada en la capital abulense a la normativa de organización y funcionamiento de la propia Junta y preevisión del tiempo estipulado para realizar las obras oportunas.

 

Dicha resolución no sólo señala que la información pública requerida debe ser enviada al sindicato, sino que además destaca que la misma tampoco ha sido entregada al propio Comisionado de Trasparencia regional mediante un informe requerido por dicho asunto. "El presidente de la Diputación de Ávila dice que respeta al Procurador del Común pero se pasa sus resoluciones por el arco del triunfo", ha explicado Muñoz García, tras indicar que "están escondiendo la documentación y no sabemos por qué, para qué o que intereses ocultos tendrá".

 

Además, la Federación de Servicios de UGT de Ávila ha puesto el foco en dos nombramientos que "han sido asignados a dedo entre los conocidos del señor Sánchez Cabrera", en concreto, un funcionario interino que ha sido contratado para cubrir una plaza con carácter urgente como letrado y una funcionaria que ha sido nombrada secretaria de una comisión de Familia a "la que no podría acceder", por lo que ambas han sido impugnadas en sede administrativa, aunque no descartan acudir a la vía judicial.

 

"El actual Equipo de Gobierno está retrotrayendo la instituación provincial al siglo XIX en vez de adaptarla a las necesidades del siglo XXI", ha concluido el Secretario de Organización de FSP/UGT de Ávila. La Diputación Provincial dispone de dos meses para impugnar la resolución emitida por el Comisionado de Trasparencia, tiempo tras el cual "si el sindicato no recibe la información pública requerida barajamos emprender acciones judiciales".

 

Sin embargo, en contra de lo denunciado este miércoles por responsables del sindicato en la capital abulense, desde la propia Diputación de Ávila se afirma que dicha documentación solicitada fue enviada y registrada este lunes 12 de marzo, así como por correo certificado, tanto al Comisionado de Trasparencia de la Junta de Castilla y León como a la Federación de Servicios del sindicato UGT en Ávila.