El documental ‘La Moral del Vampiro’ se estrenará en la Seminci

José Ramón Reballoda, acompañado por Óscar García, secretario general de CCOO. (Foto: Edgar Palomo)

El documental relata la lucha de CCOO y Centaurea en más de 20 años en contra de la construcción de las autopistas de peaje AP-51 que une a Ávila con Villacastín y la AP-61 que une Segovia con San Rafael.

El documental ‘La Moral del Vampiro’, que denuncia las presuntas irregularidades en la concesión y explotación de las autopistas AP-6, y en sus ramificaciones en AP-51y AP-61, se estrenará en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). Una pieza, dirigida por el periodista José Ramón Rebollada, y con la participación de los sindicatos CCOO en ÁVILA y la organización ecologista Centaurea, que verá la luz dentro del ciclo ‘Castilla Y León en Largo’, dentro de esta fiesta del cine vallisoletano que se celebrará del 19 al 26 de octubre.

 

Este documental, ya finalizado tras meses de trabajo, relata la lucha de CCOO y Centaurea en más de 20 años en contra de la construcción de las autopistas de peaje AP-51 que une a Ávila con Villacastín y la AP-61 que une Segovia con San Rafael.  Infraestructuras, cuya construcción llevaba aparejada la prolongación de la explotación de la AP-6 que une Villaba con Adanero.

 

Bajo su trabajo, el periodista en un trabajo que califica “totalmente independiente desde el punto de vista profesional” de estas dos organizaciones, ha puesto en orden un total de 1.200 documentos donde pone de manifiesto a través de testimonios la concesión ilegal de la autopista a la empresa Iberpistas “para que la ciudadanía conozca la confluencia de los poderes económicos y políticos, para que no se desarme el negocio que había detrás de estas concesiones”.

 

Rebollada ha desvelado como aperitivo de su documental la relación de la consultora Eptisa como la empresa que trabajó al mismo tiempo para el Gobierno de España y para Iberpistas en la construcción de un mismo proyecto.No es un tema fácil, los gestores que pusieron en marcha este proyecto se ocuparon de hacerlo enrevesado y difícil de comprender, porque cuanto menos se comprende, menos se protesta”, afirma Rebollada.

 

 Una situación que como reconoce, “está lastrando la economía y el desarrollo de ambas provincias sin que ningún político haya puesto remedio”El estreno en Ávila y en Segovia, como dice el autor “será inmediatamente después del de la Seminci, con la voluntad de hacerlo antes del próximo 10 de noviembre.

 

DENUNCIA DE CCOO Y CENTAUREA ANTE LA EXPLOTACIÓN DE LAS AUTOPISTAS

En el año 2000 CCOO Ávila y Centaurea presentaron una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la violación de una normativa comunitaria por parte del Estado español con la adjudicación otorgada en 1999 a la sociedad Iberpistas mediante. Se trataba del Real Decreto 1794/99 del 5 de noviembre de una concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos de la autopista de peaje A6, la AP61, y la AP51 . Unos tramos de carretera  según CCOO “por el que el Gobierno de Aznar pretendió prorrogar entre 32 y 37 años más a partir de 2018 en su explotación de la AP6 por parte de la concesionaria”.

 

Posteriormente en 2010 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminaba la ilegalidad de la adjudicación otorgada en 1999 a Castellana Autopistas. Según el sindicato, “la única concesión legal que estaba disfrutando Iberpistas era la que se otorgaba en 1968  por más de 50 años y que terminaba en enero de 2018”. Motivo por el cual CCOO esgrime que “a partir de ese día no quedaba ninguna concesión vigente sobre la AP6, por lo que su gestión debería ya haber pasado a gestión pública garantizando las condiciones de los trabajadores que desarrollan la actividad de esta infraestructura”.

 

Por lo que desde la organización sindical reclaman  “una fórmula que permita que no se tenga que hacer ningún pago por su uso y para no lucrar más a esta empresa  porque las autopistas AP51 Y AP61 están operando actualmente en situación de alegalidad”. En este sentido, también denuncian que “pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 2010, ninguno de los gobiernos españoles, ni del PP ni del PSOE, se han ocupado por cumplirla”