Descentralización administrativa: una partida importante a la que le faltan las reglas
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Descentralización administrativa: una partida importante a la que le faltan las reglas

Así quedaría la obra de Baltasar Lobo en el edificio del Consejo Consultivo.

A la propuesta de trasladar sedes o actividad de la administración para impulsar el mundo rural le falta concreción: el potencial es indudable, pero hay que ver cómo y conocer su eficacia y posibles efectos adversos.

La descentralización es la 'idea de la semana' en la habitual catarata de medidas que acompaña al tiempo de presupuestos, en este caso, los del Estado, aunque en el resto de casos el anuncio de propuestas o proyectos es moneda habitual. Esta vez le ha tocado a una cuestión con potencial en una materia sensible en estos momentos como es el rumbo del mundo rural y la llamada 'España vaciada' y, ya sólo por eso, merece la pena atender el debate.

 

La propuesta la daba a conocer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha proclamado su "apuesta decidida" por avanzar en el debate para sacar algunas sedes de instituciones de Madrid. Y dice avanzar y no abrir porque es algo de lo que, con mayor o menor intensidad, ya se ha hablado en otras ocasiones. La propuesta ha sido objeto de controversia política. En Castilla y León la ha defendido el socialista Luis Tudanca, mientras el presidente Mañueco ha pedido un debate serio. En el ámbito nacional, muchos la entienden como un ataque a la región madrileña, gobernada por el PP con uno de sus referentes actuales, Isabel Díaz Ayuso. Dada la querencia de la clase política por la gresca, no se puede descartar, pero la propuesta no se puede desdeñar.

 

Los municipios que cuentan con sedes institucionales disfrutan de un impacto económico y social indiscutible porque esos organismos necesitan personal y generan actividad. Por un lado, los funcionarios y empleados públicos que viven en los municipios sede compran vivienda, consumen y desarrollan su vida, lo que supone también formar familias, y demandan servicios públicos para atender sus necesidades. Por otro, un municipio sede de un organismo se queda, muchas veces, con un importante pellizco en contratación: sólo con la actividad de los organismo estatales, Madrid se lleva el 60% de los contratos que estos generan.

 

La sede de un organismo o institución es, por tanto, un motor económico y social indiscutible, y ahí es donde entran las necesidades de la España interior. La descentralización institucional puede ser un motor para el reto demográfico, una cuestión capital para nuestro país, y más todavía para Castilla y León. Ahora, no todos los casos son iguales. Una pequeña delegación, con un reducido número de personal adscrito, tendría un impacto muy limitado. Ahora, los empleos y actividad que arrastra una sede importante, más si es de ámbito nacional, podrían ser un gran impulso para muchos municipios y un gran avance en cohesión territorial.

 

Y decimos podrían porque no es tan sencillo como parece. La titularidad de una sede, más todavía si fuera estatal, tiene muchas 'novias' y puede generar más recelos de los que resuelva. Eso exige una negociación política que, en estos momentos, no tiene garantía de éxito. Fuera de la disputa político-territorial, conseguir el efecto completo requiere que se cumplan algunas condiciones. Hace falta promover sedes y provisionar plazas, lo que requiere de dotación económica. Y luego tiene que haber quien quiera hacer carrera fuera de la capital del reino o de una gran ciudad. ¿Bastaría con el 'caramelo' de una plaza de funcionario? No siempre.

 

En Castilla y León tenemos algunas respuestas al respecto porque esta comunidad ya desarrolló su propia descentralización con sus grandes sedes territoriales en las provincias, con la consiguiente inversión, aunque la mayoría de órganos centrales están en Valladolid. Pero no todos: ahí está, por ejempelo, el Consultivo de Zamora, asentado en la capital del Duero; el Consejo de Cuentas en Palencia o TSJ en Burgos; o aquel intento de repartir sedes de las conocidas como 'cúpulas', que se quedó a medias. Así que hay que elegir muy bien los proyectos.

 

También sabemos que la oferta de plazas no basta. No todo el mundo acepta hacer su carrera profesional lejos de los grandes centros de poder, de la pirmera línea o de los municipios más poblados: ahí están las dificultades para cubrir vacantes médicas fuera de las capitales de provincia. Y nada impide que alguien que se saque una plaza para dirigir un gran centro estatal, por ejemplo, en Segovia no opte por vivir en Madrid: en estos tiempos de teletrabajo todo es posible...

 

La propuesta tiene potencial, pero le falta concreción. No basta con proclamarla a los cuatro vientos. Si se quiere hacer, es obligado decir cómo y analizar pros y contras. Hay que poner los medios, porque no va a ser fácil que nadie quiera ocupar una plaza en Ávila si no mejora el tren o en las Merindades si no mejora la conexión a Internet. Es necesario un pacto político y entre las administraciones para que el reparto no vuelva a perjudicar a los de siempre. Y hay que poner las reglas para una partida que a Castilla y León le interesa: sólo así se puede empezar a hablar.