Críticas a la acumulación de expedientes sin resolver sobre valoración del grado de discapacidad
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Críticas a la acumulación de expedientes sin resolver sobre valoración del grado de discapacidad

Soraya Blázquez, procuradora del PSOE de Ávila en las Cortes de Castilla y León.

Del PSOE en las Cortes de Castilla y León.

La procuradora del PSOE de Ávila, Soraya Blázquez, ha denunciado las demoras de hasta seis meses que se producen en la resolución de los expedientes de valoración de los grados de discapacidad porque en el Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad no hay personal facultado para firmar dichos expedientes, toda vez que el médico titular sigue desde hace meses en situación de baja laboral sin ser sustituido.

 

La parlamentaria abulense ha defendido este lunes la postura del Grupo Socialista en la Proposición No de Ley presentada por esta formación política en la Comisión de Familia de las Cortes de Castilla y León, en la que se instaba al Gobierno autonómico a la adopción de las medidas pertinentes para solucionar los retrasos acumulados en los mencionados expedientes.

 

En este sentido, la procuradora socialista ha subrayado que la PNL se registró el pasado mes de mayo pidiendo una solución a este problema pero cinco meses después, cuando el PP ha tenido a bien tramitarla para su debate en sede parlamentaria, "la situación se mantiene igual y no ha mejorado".

 

Soraya Blázquez ha tildado de "surrealista" el panorama que se vive en el citado centro, puesto que, "si bien es verdad que se ha contratado un terapeuta ocupacional para realizar los preceptivos informes de valoración de la discapacidad, resulta que no está facultado para firmar la resolución de los mismos, con lo que las demoras siguen produciéndose sin que desde la Junta se atisbe voluntad política para solucionar el problema".

 

Normativa vigente

 

La procuradora socialista ha recordado que la normativa vigente establece un plazo máximo de tres meses entre la valoración de la discapacidad y la resolución del expediente pero dicho plazo "lleva incumpliéndose, al menos, desde hace un año".

 

Esta situación está provocando el "lógico" malestar entre los afectados, ha apuntado antes de expresar su apoyo a los trabajadores del citado centro que, en todo momento, y en especial durante la pandemia, están demostrando su profesionalidad con los recursos que la Junta de Castilla y León pone a su disposición.