Convenios para la ejecución de proyectos de servicios sociales con fondos europeos en Ávila
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Convenios para la ejecución de proyectos de servicios sociales con fondos europeos en Ávila

Centro residencial Infantas Elena y Cristina.

Firmado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial.

El reto es que esta financiación contribuya a garantizar la calidad en la atención y reforzar la protección y el bienestar de las personas más vulnerables. Con estos convenios, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está formalizando con las grandes entidades locales, la Comunidad avanza en la implantación del sistema de atención a la Dependencia 5.0.

 

“Seguimos avanzando en la modernización de los Servicios Sociales, un proceso en el que contamos con la necesaria colaboración e implicación de las entidades locales, que nos ayudan a llegar a todo el territorio y a las personas que más lo necesitan”, en palabras de la titular de la Consejería.

 

El Ayuntamiento de Ávila invertirá los recursos asignados en intervenciones para mejorar la accesibilidad en los Centros de Servicios Sociales (CEAS) que gestiona, finalidad a la que destinará 144.000 euros. El montante restante, 122.450 euros, lo empleará en la instalación de equipamientos tecnológicos que promuevan el acceso inclusivo a centros y servicios.

 

La Diputación Provincial, por su parte, ha contemplado cuatro proyectos. El primero de ellos, valorado en más de 840.000 euros, afecta al centro residencial Infantas Elena y Cristina de la ciudad, donde está previsto crear una nueva zona polivalente (con sala de ocio o gimnasio, entre otras estancias) y mejorar las áreas de convivencia del edificio, configurando espacios que faciliten una atención más personalizada a los residentes. Junto a esto, se renovará el mobiliario y se instalará red wifi.

 

Otra partida relevante, de 500.000 euros, es la dirigida a promover la accesibilidad a los centros y servicios. En este caso, la Diputación destinará 300.000 euros al acondicionamiento de los accesos al centro residencial Infantas Elena y Cristina y los restantes 200.000 euros a la eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de puestos de trabajo a personas con discapacidad en sus centros de servicios sociales.

 

En tercer lugar, la institución provincial ha reservado 120.000 euros para la adquisición de vehículos adaptados con el fin de mejorar la movilidad de los usuarios de sus centros y servicios de carácter social. El objetivo es facilitar los traslados de las personas, en particular, aquellas que tienen movilidad reducida y las que viven en el entorno rural, para favorecer el acceso a los servicios.

 

Para finalizar, la Diputación invertirá 90.000 euros en actuaciones tecnológicas. De ellos, 60.000 euros irán dirigidos a la apertura de una sala de ordenadores y el diseño de una página web específica que garantice el acceso fácil a los usuarios de los Servicios Sociales, y los 30.000 euros restantes se emplearán en la señalización de recursos y edificios.

 

Inversiones de la Junta

 

A las inversiones de las instituciones locales hay que sumar las que ejecutará la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. El proyecto más importante es la construcción de una nueva residencia y centro de día, que se ubicará en la calle Madrigal de las Altas Torres.

 

La obra tiene un coste total de 19,5 millones, de los que 16,3 se financiarán con cargo a los fondos europeos de nueva generación y, el resto, con presupuesto autónomo. Las instalaciones se diseñarán en unidades de convivencia, conforme al nuevo modelo de atención residencial, y supondrán la creación de alrededor de 200 plazas para personas mayores con dependencia. El centro de día funcionará también en una unidad de convivencia de 16 plazas.

 

Otra de las intervenciones previstas es la mejora y adecuación al nuevo modelo de atención del centro de menores Fuente Clara, para la que se ha previsto una inversión de más de 803.500 euros con fondos europeos en los tres años de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Más de 150,74 millones

 

Cabe recordar que la financiación dirigida al mundo local se enmarca dentro de la partida global de 150,74 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asignó a Castilla y León con cargo al paquete de estímulos europeos para el periodo 2021-2023. De esa cifra total, el 15 % debía ser gestionado de forma conjunta con las entidades locales.

 

Sin embargo, dando cumplimiento al compromiso del presidente Mañueco con el municipalismo y el medio rural, el departamento dirigido por Isabel Blanco decidió dar una mayor participación en los fondos a los ayuntamientos y diputaciones, y elevó ese porcentaje al 20 %. Esto implica que los municipios y las instituciones provinciales de esta Comunidad se repartirán 30,14 millones de euros para impulsar proyectos de modernización e innovación en el campo de los Servicios Sociales.

 

Acuerdo Marco

 

Por otro lado, el pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno autorizó la suscripción de una adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales con 67,45 millones de euros adicionales para los próximos tres años, con la finalidad de reforzar la financiación destinada a las entidades locales para políticas y prestaciones sociales, que ya alcanza la cifra total de 526 millones de euros para el período 2020-2023.

 

En Ávila, la nueva adenda supone una inyección extra de más de 4,5 millones de euros –de los que el Consistorio de la capital gestionará 1,3 millones y la Diputación provincial más de 3,2 millones–, con lo que el montante total del principal acuerdo de colaboración en materia de política social entre la Junta y el mundo local se eleva a 43,8 millones en la provincia abulense (cerca de 11 millones el Ayuntamiento y 32,8 millones la institución provincial).

 

Gracias a los fondos extra de la nueva adenda, se van a formalizar 107 nuevas contrataciones de profesionales de los CEAS (cuatro de ellas en Ávila); ofrecer más cobertura a través de la ayuda a domicilio y aumentar la intensidad del servicio; extender la teleasistencia avanzada, que ya es gratuita; reforzar las ayudas de emergencia para las familias más vulnerables; ampliar los servicios y programas de conciliación en el medio rural, así como la financiación de los programas de atención a víctimas de violencia de género y de prevención de drogas.