CONFAE denuncia que una subida del 20% del IBI sería "catastrófico" para empresas y autónomos

Juan Saborido, presidente de CONFAE. (Foto: Archivo).

La organización empresarial asegura que "repercutiría en términos económicos muy negativos tanto en la competitividad, como en la productividad y mantenimiento de empleo de las empresas".

Tras el anuncio por parte del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Ávila de una subida del 20% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), recogido en el documento de propuesta de las Ordenanzas Municipales para su próxima aprobación, desde CONFAE valoramos muy negativamente esta medida propuesta por la nueva corporación.

 

Una subida del IBI de tal porcentaje sería algo "catastrófico" tanto para las empresas como para los autónomos. Cualquier modificación "excesiva" de las ordenanzas fiscales en términos económicos supondría el incremento de los costes fijos de los empresarios, algo que repercutiría "muy negativamente" en su competitividad y, por tanto, en su productividad y creación o incluso el mantenimiento del empleo.

 

Es preocupante igualmente la cifra de deuda anunciada por el Consistorio de la capital amurallada de 38,7 millones, que supondría en cada vecino censado en Ávila un coste de 671 euros, deuda que acabaría penalizando de uno u otro modo la economía familiar y la capacidad de consumo.

 

Repercusión en el ciudadano

 

Desde CONFAE confian en que el Ayuntamiento utilice los mecanismos de financiación y saneamiento que las administraciones autonómicas y estatales pongan o puedan poner a su disposición, para que el déficit no repercuta ni directa ni indirectamente en el ciudadano –tal como ha comprometido el alcalde-, ya por vía de la tributación, o por la vía de los servicios y prestaciones municipales.

 

Además, desde la organziación empresarial creen que la Corporación municipal no debe acudir a subidas "drásticas o confiscatorias" de impuestos a los ciudadanos, como sería el caso del IBI urbano, que ha sufrido incrementos sustanciales y encadenados en los últimos años, y porque está sometido, además, a incrementos crónicos de las bases imponibles que aprueba el Estado a través de los Presupuestos Generales anuales.

 

Por tanto, desde la Confederación consideran que la gestión de la deuda debe realizarse a través de instrumentos púbicos y de la aplicación de planes de saneamiento y austeridad, con una "gestión eficiente que no repercuta en el ciudadano ni en el empresario"; soluciones que "deberían estar presentes en cualquier hoja de ruta".

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