Castilla y León cerrará cautelarmente establecimientos que incumplan la normativa Covid
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Castilla y León cerrará cautelarmente establecimientos que incumplan la normativa Covid

Vehículo de la Policía Municipal

Esta medida busca que quienes cumplen las reglas no se vean perjudicados por las actuaciones “de unos pocos”, según ha señalado el vicepresidente del Gobierno de la Junta.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informó hoy que se incorpora al régimen sancionador vinculado al COVID-19 la posibilidad de acordar el cierre cautelar y temporal de establecimientos que incumplan de forma grave la normativa frente al coronavirus.

 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea indicó que esta medida, comentada con el sector de la hostelería, busca que quienes cumplen las reglas, no se vean perjudicados por el incumplimiento “de unos pocos”.

 

Por tanto, se modifica el decreto de infracciones por no cumplir las medidas Covid. La Junta había informado que tenía previsto que el cierre cautelar se pudiera levantar tras el expediente y con una multa o bien si la infracción es grave se plantearía la clausura durante dos años o cinco años en caso de una tipificación como muy grave.  

 

La Junta recordó hoy, a través de un comunicado, que el Decreto-Ley 7/2020 de 23 de junio, de la Junta de Castilla y León, establece el régimen sancionador específico, actualmente vigente, en relación con el incumplimiento de las medidas de prevención y contención para hacer frente a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad.

 

En el actual contexto pandémico, cualquier iniciativa tendente a un paulatino levantamiento de las intervenciones sanitarias vinculadas al nivel 4 de alerta sanitaria por COVID-19 debe estar acompañada de un estricto control de los incumplimientos con el fin de evitar nuevos brotes que pongan en riesgo el control de la enfermedad y abocar a una nueva expansión de contagios y brotes.  

 

Mecanismo "disuasorio y coercitivo"

 

Para este fin es necesario disponer de mecanismos efectivos, disuasorios y coercitivos, que desalienten la realización de actividades contrarias al régimen preventivo socialmente asumido, de manera que sea posible realizar intervenciones inmediatas llamadas a poner fin a aquellas actuaciones que, constitutivas de infracciones graves o muy graves, generen un alto riesgo de transmisión de la enfermedad.

 

Ante estas situaciones, en las que las sanciones económicas tras la correspondiente tramitación resultan tardías o insuficientes ante el bien social a proteger, la posibilidad de determinar el cierre temporal de establecimientos, actividades y servicios, sin perjuicio de las garantías jurídicas que deben de acompañar la adopción de esta intervención, se muestra como un opción fuertemente disuasoria y coercitiva frente a comportamientos irresponsables y poco solidarios con el conjunto de la ciudadanía.

 

Por ello, la Junta de Castilla y León aprobó en la reunión de su Consejo de Gobierno el proyecto normativo que modifica el Decreto-Ley 7/2020 referido al régimen sancionador específico frente a incumplimientos de la prevención de la COVID-19 en la Comunidad. El texto ahora elaborado hace referencia a una doble finalidad: por un lado, regula la posibilidad de imponer, como sanción accesoria a las anteriormente ya definidas, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio implicado en algunas de las situaciones calificadas como infracción grave o muy grave, siempre tras audiencia previa del interesado y por un período de dos o cinco años, respectivamente.  

 

Por otro, permite la posibilidad de acordar, tanto como medida provisionalísima con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador correspondiente, o como provisional una vez iniciado éste, el cierre provisional o la suspensión de actividad en el establecimiento susceptible de infracción. En el caso de adoptarse la medida provisionalísima, ésta deberá ser ratificada, rechazada o modificada en la resolución iniciadora del procedimiento sancionador, en un plazo máximo de quince días tras la adopción de esa actuación provisionalísima, quedando sin efecto aquellas que, vencido ese plazo, no hayan sido ratificadas.

 

La adopción de estas medidas provisionales y sancionadoras accesorias ahora contempladas serán competencia de las autoridades que lleven a cabo la instrucción y resolución de los correspondientes procedimientos sancionadores: los órganos competentes de la Administración del Estado, de la Comunidad de Castilla y León y de los ayuntamientos. La entrada en vigor de este Decreto-Ley y de los cambios que conlleva tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y se remitirá a las Cortes para su convalidación.

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