Autopistas de peaje: desequilibrio, discriminación y excusas

Peaje en una autopista. Foto: EP

El precio de los tramos que unen Segovia, Ávila y Salamanca con Madrid encarece el trayecto y supone una desventaja competitiva, y sigue subiendo pese a que hay consenso en la solución.

Empezó 2020 con las clásicas subidas y bajadas de precio: mucho de lo primero y menos de lo segundo. Y una incoherencia que va a traer cola, al menos, en materia política. Se trata del precio de las autopistas. El 1 de enero, la tarifa de las autopistas subía un 0,84% de manera general, con una excepción: la AP-6, la AP-51 y la AP-61 que conectan Ávila y Segovia con Madrid y que forman parte también del trayecto desde Salamanca subía un 1,69%, el doble nada menos. Y la subida se repetirá los próximos años. El motivo, la necesidad de compensar las inversiones hechas por la concesionaria.

 

Mientras tanto, el tramo de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas gestionadas en concesión por Abertis, quedaban libres de pago por el final de los contratos. Igual que ocurrió con la AP-1 Burgos-Armiñón, que en diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago en culminar su contrato de concesión y levantar la barrera del peaje, en principio, para siempre.

 

La situación ha desatado los primeros movimiento políticos y municipales del año. Ciudadanos pedía la bonificación o supresión de estos peajes para las provincias afectadas y el alcalde de Ávila se sumaba a la petición. Y pocos días después, el pasado viernes, el ministro de Fomento in pectore Ábalos prometía en un acto en Segovia bonificaciones para los usuarios de autopistas, aunque sin concretar más. Podría ser la línea, pero ahora hay que hacerlo realidad, y eso es ya tarea del nuevo Gobierno.

 

Precisamete por eso, el asunto amenaza con convetirse en materia de reproche entre partidos, aunque la realidad es que todo lo que unos y otros digan ahora va a sonar a excusa y a juego político. Todas las fuerzas del arco regional, sin excepción, se han posicionado alguna vez contra estos peajes, y no sin razón. El tiquet encarece de manera notable el trayecto desde Salamanca y condiciona mucho la comunicación de las capitales más próximas a Madrid, Segovia y Ávila, 'obligadas' a pagar por casi el 100% del trayecto. Y eso es mucho porque la conexión por carretera es la favorita, de largo, para desplazarse a la capital del Estado.

 

Eso se traduce en muchos millones de euros de gasto al año para particulares y empresas de tres municipios que cada vez son más dependientes, para muchas cosas, de Madrid y a cuyo poder de tracción no solo no pueden resistirse, sino que deben convivir con ello, con sus ventajas e inconvenientes. Un evidente desequilibrio, una brecha en el concepto de solidaridad que rige (sobre el papel) la actuación del Estado, sin menoscabo de lo complejo del asunto de empezar a usar autopistas sin pagar.

 

Ahora, unos y otros actuarán como manda el manual de la contienda política. PP y Cs reclamarán, desde su poder en la Junta, que el Gobierno socialista haga algo al respecto. Veremos cómo se las ingenia el PSOE de Tudanca para exigir a Ábalos una mejora que, por cierto, el PP no ha contemplado nunca hasta que ha estado en la 'oposición' nacional. Tampoco aquel enero de 2018 cuando una tormenta de nieve atrapó a centenares de conductores con la DGT en manos del 'popular' Zoido. Aquello le costó a la concesionaria una multa astronómica, 1.200 euros, amén de muchas denuncias y sospechas sobre el ejercicio de inversiones necesarias y recogidas en el contrato. Así que ni unos ni otros tienen lecciones que dar, salvo una: buscar una solución.

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