Admitida a trámite dos denuncias por falta de transparencia en la Diputación

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León, -órgano colegiado adscrito al Procurador del Común – ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Unión General de Trabajadores al haberse podido incumplir "no sólo la obligación de publicidad activa sino la propia regularidad del procedimiento de aprobación inicial" del Reglamento del Centro Residencial 'Infantas Elena y Cristina'.

 

Recuerdan desde UGT que éste se aprobó inicialmente por el Pleno de la Diputación Provincial de Ávila, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de julio y hecho público el  16 de agosto, en el Boletín Oficial de la Provincia, concediendo el plazo mínimo que marca la ley para presentar las reclamaciones y sugerencias que terminó hoy.

 

Insisten desde este sindicato que en la aprobación inicial del Reglamento "no se ha dado audiencia ni participación" a los ciudadanos ni a las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, con carácter previo a su elaboración, "con lo que no se ha posibilitado a los potenciales destinatarios una participación activa en el mismo". Además, señalan que el texto aprobado inicialmente "carece de exposición de motivos y en consecuencia no se justifican ni se definen los objetivos de la iniciativa".

 

Asimismo, destacan desde la Unión General de Trabajadores que el comisionado ha admitido a trámite la reclamación por falta de información "al habernos denegado de forma presunta – no contesta – algunas de las solicitudes dirigidas a la Corporación con posterioridad al 10 de diciembre de 2015".

 

Recuerdan desde la UGT que no es la primera vez que la Diputación Provincial es investigada por el Comisionado de Transparencia y éste estima la reclamación. "Así aconteció con una presentada, tras la contestación al interesado denegándole parcialmente la solicitud de información, relativa al abastecimiento de agua a municipios de la provincia de Ávila". El Comisionado de la Transparencia estima la reclamación y reconoce la falta de transparencia de la Diputación en su Resolución 87/2017, y la obliga a que el interesado pueda acceder a la información solicitada a través de una consulta personal o “in situ” y a obtener las copias de los documentos consultados.

 

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