Un anuncio de servicios sexuales que nunca llegaban a prestarse se convirtió en la puerta de entrada a una trama de extorsión que habría afectado a decenas de hombres en España. La red utilizaba páginas web de contactos para conseguir los teléfonos y datos personales de quienes preguntaban por esos anuncios y, posteriormente, los amenazaba con agredirlos o revelar a sus familiares que habían mostrado interés por contratar servicios sexuales.

La Audiencia Nacional comenzará el próximo martes, 3 de noviembre, el juicio contra 70 personas acusadas de formar parte de esta organización criminal. La Fiscalía sostiene que la banda estaba estructurada en varios grupos y contaba con responsables encargados de dirigir las extorsiones y una red de colaboradores que recibían y retiraban el dinero obtenido de las víctimas.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en abril de 2018 por un hombre que había contactado con una página web que ofrecía encuentros con mujeres prostituidas. Tras realizar la consulta, empezó a recibir amenazas y exigencias económicas.

Según el escrito del Ministerio Público, el funcionamiento de la trama seguía un procedimiento organizado. Cuando un hombre llamaba a los teléfonos publicados en estas páginas, la persona que atendía recopilaba sus datos, entre ellos el número de teléfono y referencias sobre su domicilio, trabajo o entorno familiar.

Esa información pasaba después a los integrantes de la red encargados de las amenazas. Las víctimas recibían llamadas y mensajes en los que se les exigía dinero bajo la advertencia de sufrir agresiones físicas, incluso amenazas de muerte, o de que sus familiares y allegados conocerían su interés por los anuncios sexuales.

Amenazas para conseguir pagos una y otra vez

La presión psicológica era una de las principales herramientas de la organización. La Fiscalía describe llamadas y mensajes de gran violencia que provocaban miedo e intranquilidad entre los afectados, hasta el punto de alterar su vida cotidiana y llevarlos a realizar los pagos exigidos.

En muchos casos, el primer ingreso no ponía fin a las amenazas. Los extorsionadores volvían a contactar con las víctimas para reclamar nuevas cantidades y conseguían que algunas pagaran varias veces por temor a las represalias. Dentro de la propia organización, esta práctica tenía un nombre: «hacer dobles o triples con los puteros», una expresión que utilizaban para referirse a las sucesivas extorsiones a una misma persona.

El dinero se canalizaba a través de colaboradores conocidos como «mulas» o «comisionistas». Estos recibían las cantidades exigidas mediante transferencias bancarias o Bizum, retiraban posteriormente el efectivo y lo entregaban a los responsables de la trama. A cambio, se quedaban con una comisión de entre el 15 y el 30 %.

Comisionistas con ingresos de casi 100.000 euros

El escrito de acusación detalla la existencia de seis grupos dentro de la red, cada uno dirigido por un responsable que coordinaba a varios colaboradores encargados de gestionar el dinero. La actividad de algunos de estos intermediarios alcanzó cifras elevadas. Según la Fiscalía, uno de ellos llegó a recibir ingresos de hasta 99.696 euros por su participación en el sistema de cobros.

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen delitos de organización criminal y extorsión continuada. Por el primero solicita penas de hasta ocho años de prisión para algunos de los acusados y de tres años y medio para otros, en función de su participación. Por el delito continuado de extorsión, la Fiscalía reclama cinco años de cárcel para quienes considera autores y diez meses para aquellos a los que atribuye una participación como cómplices.

No obstante, el escrito también contempla el sobreseimiento de las actuaciones para cerca de una veintena de investigados, una petición que el Ministerio Público concretará durante la audiencia preliminar.

El procedimiento comenzará a las 10.00 horas del 3 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde se examinará la presunta actividad de una red que, según la acusación, convirtió la amenaza de revelar información íntima en un mecanismo para obtener dinero de sus víctimas.