El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de siete años y medio de prisión y una multa de 36.000 euros para J.C.R., acusado de un delito contra la salud pública por la supuesta posesión y distribución de cocaína, resina de cannabis y marihuana. La acusación estima que el valor total de estas sustancias en el mercado ilícito ascendería a 9.175,61 euros.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a hace cinco años, cuando se intervinieron en el bar propiedad del procesado un total de 132 papelinas de cocaína, con un peso neto de 86,64 gramos y una alta pureza del 79,56%. Además, se encontraron cinco envoltorios con 44,13 gramos de resina de cannabis y cuatro bolsas con 40,19 gramos de cannabis en forma de cogollos.

En el mismo establecimiento, las autoridades también hallaron diversos útiles presuntamente destinados a la preparación y distribución de las sustancias, incluyendo una báscula digital de precisión y bolsas para monodosis. A esto se sumaron 1.555 euros en billetes fraccionados. La mayor parte del valor de la droga intervenida, 8.687,95 euros, correspondería a la cocaína. La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño y solicita, junto a la pena de prisión y multa, el decomiso de todo lo intervenido.

Por su parte, la defensa de J.C.R. ha solicitado la libre absolución de su representado. Anuncia que planteará como cuestión previa una posible "vulneración de los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones telefónicas y a la inviolabilidad domiciliaria", alegando que se habrían quebrantado las garantías constitucionales en distintas resoluciones judiciales durante la instrucción del caso.

Atenuantes drogadicción y dilaciones

De forma subsidiaria, y para el caso de que el tribunal considere probados los hechos y la autoría, la defensa solicita que se aprecien como "muy cualificadas" las atenuantes de drogadicción y dilaciones indebidas. El escrito de defensa señala que el acusado ha sufrido una "adicción prolongada" a las drogas, por la que recibió apoyo especializado de Cáritas Diocesana de Ávila. Asimismo, denuncia "dilaciones extraordinarias e indebidas" en la tramitación del procedimiento, cifrándolas en 37 meses y medio y atribuyéndolas a causas ajenas al procesado.

Cabe destacar que el acusado carece de antecedentes penales, según consta en el propio escrito de acusación del Ministerio Fiscal.