CSIF alertó de la situación de la educación en Castilla y León y reclamó una reforma del sistema educativo durante la jornada autonómica de Educación celebrada en Ávila, en la que participaron 120 delegados procedentes de las nueve provincias de la Comunidad.

El encuentro contó con la presencia del presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, y del responsable nacional del sector de Educación, Mario Gutiérrez, quien advirtió de que el nuevo informe Panorama de la Educación 2026 de la OCDE "confirma los diagnósticos y alertas" que viene realizando el sindicato.

Gutiérrez señaló como principales problemas la "elevada precariedad", con 7.834 plazas temporales y una tasa de interinidad docente del 34,5 por ciento en Castilla y León, además de "aulas sobrecargadas de alumnos", "estrés burocrático y laboral" y un déficit de inversión.

Ante esta situación, el responsable nacional de Educación de CSIF defendió la "urgente necesidad" de reformular el sistema educativo español mediante un Pacto de Estado por la Educación. Una reclamación que, según explicó, cobra especial relevancia tras los resultados del último informe PISA, que calificó como "los peores para España de su serie histórica".

El sindicato planteó que ese pacto tenga como ejes la "estabilidad normativa", el incremento de la inversión educativa y la eliminación de las diferencias de financiación entre comunidades autónomas. También reclamó una "reducción de ratios" y un Estatuto Docente que permita reforzar las plantillas, reducir la interinidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Reclaman las plazas de catedráticos

La presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, situó entre las prioridades la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria contempladas en la Oferta de Empleo Público de 2025.

Madruga señaló que esta convocatoria "ha vuelto a ser reclamada en la Mesa Sectorial" y planteó también estudiar mecanismos de promoción profesional similares para el Cuerpo de Maestros, adaptados a sus características. El objetivo, según CSIF, sería reconocer "la experiencia, la formación y la evolución profesional de los docentes" a lo largo de su trayectoria.

CSIF reclama recuperar las pagas extraordinarias

Durante la jornada, Miguel Borra también insistió en la reivindicación del sindicato para que el Gobierno recupere "íntegramente" las pagas extraordinarias de los empleados públicos recortadas en 2010.

CSIF reclamó que las partidas necesarias para ello se incluyan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. Además, el sindicato espera que en los próximos meses se produzca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo admitido a trámite en diciembre de 2024 por el veto del Congreso a debatir una Iniciativa Legislativa Popular relacionada con esta cuestión.

Borra también hizo referencia a la defensa de Muface, una cuestión que, según CSIF, preocupa especialmente al colectivo docente. El sindicato aseguró haber trasladado la situación de la Mutualidad a la Comisión Europea, a la Embajada de España en Bruselas y a la Confederación de Sindicatos Independiente. La organización pretende con estas actuaciones "defender el modelo sanitario del mutualismo en España" y denunciar lo que considera un deterioro de la asistencia y los recortes en este ámbito.

Otro de los asuntos abordados durante la jornada fue el problema de la vivienda y los desplazamientos asociados al ejercicio de la profesión docente. Isabel Madruga informó de la carta remitida el pasado 22 de septiembre a la consejera de Educación, en la que CSIF solicitaba la convocatoria de una Mesa Sectorial para negociar un plan autonómico de vivienda y movilidad para el profesorado.

Por su parte, Mario Gutiérrez anunció que CSIF registró una petición ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para reformar la actual Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.

El sindicato considera que la normativa "ignora por completo a los profesionales que sostienen los servicios públicos esenciales en los territorios tensionados o despoblados". CSIF reclama medidas para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo derivada de la movilidad inherente al trabajo docente.

Entre sus propuestas figuran ayudas económicas, la habilitación de viviendas públicas para uso docente en municipios rurales y plazas de difícil desempeño, así como mayores compensaciones por "kilometrajes, dietas e itinerancias" y refuerzos en las coberturas de seguro por desplazamientos por razón del servicio.