Tránsito, la 'Maricarmen' de la localidad abulense de Arévalo (7.400 habitantes), intenta, junto a sus 31 vecinos, evitar su desahucio previsto para el próximo 26 de noviembre, según les ha comunicado la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Se trata de unas viviendas situadas en el número 3 de la calle Fuentevieja, donde esta mujer de avanzada edad y con movilidad reducida habita desde hace una década tras firmar un contrato de alquiler con la empresa 'Orotina Business, S.L.', propietaria del inmueble terminar en manos de la Sareb.

Así lo ha explicado a EFE el presidente de la ONG 'Ayúdanos a Ayudar', Francisco León, que colabora con los afectados y que ha puesto a Tránsito el sobrenombre de la 'Maricarmen de Arévalo', así como ha recordado que "la Sareb no nació para esto".

Cambio de fecha

Aunque inicialmente el desahucio de las casas en las que llevan viviendo una década estos 32 vecinos estaba fijado para el pasado 15 de septiembre, finalmente la jueza concedió una prórroga hasta el 26 de noviembre, con el objetivo de que las partes puedan llegar a un acuerdo.

Francisco León confía en esa posibilidad, aunque ha reconocido sus  dudas, ya que, a su juicio, la Sareb no hace más que "poner pegas" mientras solicita "documentos" de manera continuada.

El presidente de la ONG confía en que la reacción social que ha generado el caso de Maricarmen, cuyo desahucio se produjo este miércoles en Madrid, contribuya a que la situación de estos 32 vecinos de Arévalo pueda resolverse, aunque la orden "sigue adelante, de momento".

León ha asegurado que, tras los intentos de mediación infructuosos, se va a dirigir al alcalde arevalense, Vidal Galicia; al presidente de la Diputación provincial, Carlos García, y al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, para que intenten mediar en la consecución de un acuerdo que evite el desahucio el próximo 26 de noviembre.

Perfil: gente trabajadora y humilde

El presidente de Ayúdanos a Ayudar ha contrapuesto el efecto positivo que tienen los vecinos en su inmueble, que tienen "como los chorros del oro" y con sus domicilios en perfecto estado, en contraposición con otro bloque de la misma propiedad, vacío y bastante deteriorado.

El perfil de los afectados es "gente trabajadora y humilde, que no quiere vivir de gorra", ha destacado el presidente de la ONG, quien apunta que la media del alquiler puede superar los 200 euros mensuales.

En el caso de Tránsito, Francisco León ha llamado la atención sobre el hecho de que, en la capital de la comarca abulense de La Moraña, al norte de la provincia, no existan demasiados inmuebles habilitados para personas con movilidad reducida.

A la espera de la respuesta institucional y de la SAREB, Francisco León confía en que el desahucio de los 32 vecinos no se ejecute el próximo 26 de noviembre y se pueda alcanzar un acuerdo entre las partes.EFE