La presión migratoria registrada en la frontera de Ceuta ha vuelto a poner el foco sobre las herramientas con las que cuenta la Unión Europea para gestionar la llegada de personas migrantes. Aunque buena parte de la reforma migratoria comunitaria ya está en marcha, todavía queda pendiente una de las piezas clave: el Reglamento de Retornos, que sustituirá a la directiva vigente desde 2008.

Este es el momento en el que se encuentra la política migratoria europea y las principales medidas que ya afectan a los Estados miembros.

Un nuevo pacto que ya es una realidad

Desde el 12 de junio de 2026, todos los países de la Unión Europea aplican de forma obligatoria el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Su objetivo es unificar los procedimientos en las fronteras exteriores y evitar que cada Estado gestione las llegadas con criterios diferentes.

Entre las novedades destaca el control inicial que deben superar las personas que llegan de forma irregular, un proceso que debe completarse en un máximo de siete días. Además, el sistema Eurodac amplía la recogida de datos biométricos a menores desde los seis años, reforzando el registro común europeo.

Más rapidez en devoluciones

En enclaves como Ceuta ya funcionan mecanismos diseñados para acelerar determinados procedimientos. Uno de ellos es la lista de países de origen seguros, en la que figura Marruecos. Cuando una persona procede de uno de estos Estados, las autoridades pueden considerar que su solicitud de asilo tiene pocas posibilidades de prosperar y tramitarla mediante procedimientos más rápidos.

A ello se suma la cooperación entre los países de la UE y terceros Estados para reforzar el control migratorio antes de que se produzcan las entradas irregulares, además del apoyo de organismos europeos como Frontex y la Agencia de Asilo de la UE.

El Reglamento de Retornos

La gran reforma que aún espera luz verde es el Reglamento de Retornos, aprobado por el Parlamento Europeo y pendiente únicamente de su adopción definitiva por el Consejo de la Unión Europea.

La futura norma pretende acelerar las expulsiones de personas en situación irregular y contempla la posibilidad de habilitar centros de retorno en terceros países que garanticen el respeto a los derechos humanos. Esta última medida ha encontrado la oposición del Gobierno español desde el inicio de su tramitación.

Solidaridad obligatoria 

El nuevo modelo europeo también introduce un sistema para repartir responsabilidades entre los Estados miembros.

Cada año deberá alcanzarse un mínimo de 30.000 reubicaciones de solicitantes de asilo o, en su defecto, una aportación económica conjunta de 600 millones de euros. Los países que rechacen participar en la acogida deberán abonar 20.000 euros por cada persona que no acepten dentro de su cuota.

No obstante, los Estados que soporten una elevada presión migratoria, como puede ocurrir con España, podrán quedar exentos de esas contribuciones y recibir a cambio financiación europea, personal especializado o el traslado de solicitantes de asilo desde otros países.

Con el Pacto de Migración ya plenamente operativo y el Reglamento de Retornos a las puertas de su aprobación definitiva, la Unión Europea entra en una nueva etapa en la que el control de las fronteras, la gestión del asilo y el reparto de responsabilidades entre los Estados marcarán la respuesta comunitaria a los movimientos migratorios de los próximos años.