Izquierda Unida ha trasladado al Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria con la que solicita al Gobierno la adopción de medidas para reforzar de forma estable la Administración de Justicia en la provincia de Ávila. A través de una batería de preguntas registradas por diputados de la formación, reclama actuaciones que permitan responder a la elevada carga de trabajo que soportan los órganos judiciales, los servicios de apoyo y los recursos tecnológicos.

Según expone IU, los juzgados mixtos del Tribunal de Instancia de Ávila mantienen una actividad muy por encima de los niveles considerados adecuados. La formación indica que durante 2024 se contabilizaron más de 6.100 asuntos civiles y cerca de 5.000 procedimientos penales, unas cifras que, asegura, superan ampliamente los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, esta situación pone de manifiesto un desajuste entre los medios disponibles y las necesidades reales del servicio.

Entre las medidas planteadas, Izquierda Unida considera insuficiente la creación de una única plaza judicial prevista actualmente y propone ampliar la plantilla con una séptima plaza en la Sección de Primera Instancia e Instrucción. Asimismo, solicita una segunda plaza en la Sección Penal para reforzar la capacidad de respuesta en este ámbito en toda la provincia.

La formación también advierte de la carga de trabajo que soportan los equipos psicosociales, especialmente por el incremento de expedientes relacionados con violencia de género y familia. Según señala, esta situación está provocando retrasos en la elaboración de informes que afectan a procedimientos de especial sensibilidad.

Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa hace referencia al partido judicial de Arévalo, donde IU denuncia la ausencia de un espacio específico para atender a víctimas y menores. La organización sostiene que esta carencia obliga a estas personas a permanecer en zonas sin la privacidad necesaria durante su estancia en las dependencias judiciales.

En el ámbito tecnológico, Izquierda Unida asegura que el sistema de soporte informático resulta insuficiente, al recaer la asistencia técnica en un único profesional externo para toda la provincia. La formación considera que esta dotación no responde al aumento de incidencias asociado al proceso de digitalización de la Justicia.

Para IU, la situación requiere una respuesta estructural basada en una mayor planificación, inversión y refuerzo permanente de los recursos humanos y materiales, en lugar de actuaciones puntuales.

"La Justicia en Ávila está funcionando muy por encima de sus capacidades reales. Sin un refuerzo inmediato de la planta judicial, de los equipos psicosociales y de los medios tecnológicos, se está comprometiendo la calidad del servicio público y la igualdad en el acceso a la tutela judicial efectiva", señalan desde la organización.

Izquierda Unida confía en que el Ejecutivo dé respuesta a las preguntas registradas en el Congreso y detalle un calendario de actuaciones, acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria, para hacer frente a una situación que la formación considera crítica en la provincia.