La Junta de Castilla y León ha anunciado que recurrirá ante los tribunales el Real Decreto 556/2026, aprobado por el Gobierno central, al considerar que el nuevo sistema de reparto de menores extranjeros no acompañados vuelve a imponerse sin acuerdo con las comunidades autónomas y sin tener en cuenta la capacidad real de acogida de cada territorio.

La norma establece que Castilla y León dispone de una capacidad ordinaria de 833 plazas para la atención y tutela de estos menores. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico sostiene que esa cifra responde a criterios políticos y no a un análisis objetivo de los recursos disponibles, lo que, a su juicio, dificulta la planificación de los servicios de protección y compromete la sostenibilidad del sistema.

Desde la Junta recuerdan que esta no es la primera discrepancia con el Gobierno en esta materia. El anterior decreto, aprobado en agosto de 2025 y que fijaba una capacidad de 783 menores, también fue recurrido por la Administración autonómica al entender que invadía sus competencias en materia de protección de menores.

El Gobierno autonómico considera especialmente llamativo que, en menos de un año, el número de plazas asignadas haya aumentado de 783 a 833, lo que supone un incremento del 6,38 %. Según argumenta, esa evolución no guarda relación con el crecimiento demográfico de la comunidad, que entre agosto de 2025 y mayo de 2026 fue de apenas un 0,72 %, por lo que cuestiona la proporcionalidad de los criterios utilizados por el Ejecutivo central.

La Junta mantiene que las decisiones sobre la capacidad de acogida deben adoptarse mediante el consenso entre todas las comunidades autónomas y respetando las competencias que estas tienen en materia de protección de menores, en lugar de establecerse de forma unilateral desde el Gobierno.

Por este motivo, los Servicios Jurídicos de la Junta, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, preparan ya el recurso contra el decreto, que será presentado en los próximos días. Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico pretende defender sus competencias y reclamar un modelo de distribución que, a su juicio, se ajuste mejor a la realidad y a los recursos disponibles en Castilla y León.