La Junta de Castilla y León ha recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Gobierno de España que regula un proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes. El recurso, presentado el 5 de junio, ya ha sido admitido a trámite, por lo que será el alto tribunal quien analice ahora la legalidad de la norma.

El Ejecutivo autonómico sostiene que existen "fundamentos jurídicos sólidos" para impugnar el decreto y considera que la medida supone un cambio de gran alcance respecto a anteriores procesos de regularización llevados a cabo en España.

Entre los principales argumentos de la Junta figura el volumen de personas que podrían acogerse a esta regularización. Según recuerda, las primeras estimaciones del Gobierno hablaban de unos 500.000 posibles beneficiarios, aunque cálculos posteriores elevan esa cifra hasta 1,1 millones de personas, un incremento que, a su juicio, no ha ido acompañado de un análisis suficiente sobre sus consecuencias.

El Gobierno autonómico considera que la nueva normativa flexibiliza de forma significativa las condiciones exigidas para obtener la autorización de residencia, eliminando algunos de los criterios que habían estado presentes en anteriores procesos extraordinarios, como la acreditación de un arraigo efectivo o de una actividad laboral en España.

Asimismo, critica que también se suavicen los mecanismos de verificación documental, especialmente en lo relativo a la acreditación de antecedentes penales, al entender que ello reduce las garantías del procedimiento.

Otro de los aspectos que recoge el recurso es el posible impacto que esta medida podría tener sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, competencias gestionadas por las comunidades autónomas. La Junta sostiene que el Gobierno aprobó el decreto sin contar con las autonomías, pese a que serán las administraciones encargadas de atender el eventual aumento de población derivado de esta regularización.

El recurso también plantea que el decreto podría entrar en conflicto con los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria, al considerar que una regularización de estas características podría generar un efecto llamada.

La Junta recuerda, además, que el Tribunal Supremo ya rechazó anteriormente suspender cautelarmente la aplicación del decreto en otros recursos presentados por diferentes administraciones. No obstante, el alto tribunal continúa analizando nuevas solicitudes y estudia incluso la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si la norma es compatible con el derecho comunitario.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha mostrado su confianza en que, una vez analizado el fondo del asunto, el Tribunal Supremo estime el recurso presentado por Castilla y León y declare la nulidad del real decreto.