El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Ávila ha puesto el foco en la gestión de un suministro de agua de obra tras conocerse, en el marco de las comisiones de Urbanismo y Servicios Sociales celebradas los días 16 y 17 de junio, que dicho servicio estaría activo en un inmueble afectado por ocupación ilegal.

A raíz de esta información, la formación ha solicitado al equipo de Gobierno municipal que aclare las circunstancias en las que se ha producido la autorización y que valore la apertura de una investigación interna para revisar el expediente.

VOX recuerda que este tipo de suministros está sujeto a una regulación específica recogida en el Reglamento Municipal de Abastecimiento de Agua y en los protocolos de la empresa concesionaria Aqualia, donde se exige, entre otros requisitos, la existencia de licencia de obras en vigor y la acreditación de la titularidad legítima del inmueble.

Sobre esa base, el grupo municipal plantea dudas sobre el cumplimiento de dichos requisitos en el caso concreto y reclama conocer qué documentación se presentó, qué órgano autorizó el procedimiento y cómo se verificó la situación legal del inmueble antes de conceder el servicio.

Además, VOX pide que se determine si el expediente se tramitó correctamente o si pudo existir algún tipo de desajuste administrativo, ya sea por error en la documentación o por una validación indebida, instando en cualquier caso a depurar responsabilidades si se confirmaran irregularidades.

La portavoz del Grupo Municipal de VOX, Laura García, ha afirmado que "los abulenses que cumplen la ley, pagan sus impuestos y siguen todos los trámites administrativos no pueden entender que un inmueble ocupado ilegalmente disponga de un suministro de agua de obra mientras ellos deben cumplir escrupulosamente cada requisito exigido por la normativa".

En relación con la actuación municipal, García ha señalado también que "si para conceder este suministro era necesaria una licencia municipal y la acreditación de la propiedad, el Ayuntamiento tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia cómo se ha producido esta situación y quién asumió la responsabilidad de autorizarla".

La portavoz ha añadido críticas al modelo de gestión del actual equipo de Gobierno de Por Ávila, al que atribuye una línea política que, según su valoración, "continúa aplicando políticas alineadas con la izquierda más radical, que lejos de combatir el fenómeno de la ocupación ilegal, terminan favoreciendo su consolidación".

Desde esta perspectiva, VOX sostiene que la gestión institucional frente a la ocupación puede generar efectos en la convivencia vecinal, el estado de los inmuebles y la percepción de seguridad en determinadas zonas. En este sentido, la formación insiste en que "no vamos a permitir que existan ciudadanos de primera y de segunda. La ley debe aplicarse a todos por igual y, si se ha producido alguna irregularidad, exigiremos que se depuren todas las responsabilidades, tanto políticas como administrativas".