La nueva etapa política en Castilla y León arranca con una batería de medidas que abarcan desde la vivienda y el empleo hasta la sanidad, la educación, el medio ambiente y el transporte. El Gobierno autonómico ha marcado una hoja de ruta ambiciosa para los próximos meses con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, reducir la presión fiscal y reforzar sectores considerados estratégicos para la Comunidad.

Uno de los principales compromisos pasa por incrementar la oferta residencial y avanzar hacia el objetivo de alcanzar las 5.000 viviendas promovidas a lo largo de la legislatura. La iniciativa irá acompañada de medidas fiscales destinadas a facilitar que más familias puedan acceder a una vivienda a precios asequibles.

La economía y el empleo también ocuparán un lugar destacado en la agenda del Ejecutivo. Diversas consejerías trabajarán de forma coordinada para impulsar un catálogo de actuaciones orientadas a fomentar la creación de puestos de trabajo y el emprendimiento. Entre ellas figura la eliminación de trabas administrativas para la apertura de nuevos negocios y el desarrollo de una nueva Estrategia de Comercio.

En materia industrial y energética, la Junta apuesta por reforzar el autoconsumo energético mediante la delimitación de áreas específicas alrededor de los polígonos industriales. Asimismo, reclamará mejoras en las redes eléctricas para atender las necesidades de crecimiento económico de la Comunidad.

El área de Medio Ambiente afronta uno de sus principales retos con la elaboración de un nuevo marco normativo para la prevención de incendios forestales, coincidiendo con una campaña de alto riesgo que se prolongará hasta el próximo 12 de octubre. Además, el Gobierno regional prevé impulsar los denominados anillos de seguridad en torno a los municipios y simplificar los procedimientos para facilitar la limpieza de montes y la gestión activa de la masa forestal.

En el ámbito agrario, la Junta se compromete a reforzar el apoyo al sector primario mediante un sistema permanente de ayudas a la inversión agroalimentaria con convocatorias y resoluciones anuales. También contempla garantizar antes de final de año el acceso a líneas de crédito preferente para agricultores y ganaderos y ejecutar el plan de balsas de agua destinado a mejorar el abastecimiento ganadero.

La sanidad centrará parte de sus esfuerzos en la atención a pacientes crónicos. El Ejecutivo pretende intensificar los cuidados domiciliarios y ampliar la red de emergencias sanitarias con la incorporación progresiva de nuevos helicópteros medicalizados, con el objetivo de contar con uno por provincia y dos en León. Además, se avanzará en la implantación de unidades de soporte vital básico en los Puntos de Atención Continuada del medio rural.

La educación universitaria también protagonizará una de las medidas más destacadas del inicio de mandato. La Junta pretende que la primera matrícula del primer curso sea gratuita en las cuatro universidades públicas de Castilla y León a partir del próximo curso académico.

En el terreno social, el Ejecutivo mantendrá su rechazo a la acogida de nuevos menores migrantes no acompañados y revisará las ayudas públicas destinadas a organizaciones vinculadas a la inmigración ilegal. Paralelamente, contempla limitar el crecimiento de los fondos destinados a cooperación internacional y revisar las subvenciones concedidas a sindicatos y organizaciones empresariales que no acrediten una utilidad pública.

Otro de los ejes de actuación será la desregulación administrativa. El Gobierno regional impulsará auditorías sobre el uso de recursos públicos y promoverá herramientas como el silencio administrativo positivo y la declaración responsable para agilizar trámites y reducir cargas burocráticas.

Por su parte, Cultura, Turismo y Deporte pondrá en marcha nuevas líneas de ayudas para la mejora de plazas de toros y la organización de novilladas, al tiempo que reforzará la innovación tecnológica y las infraestructuras deportivas.

En movilidad, la Junta mantendrá algunas de las medidas más populares de los últimos años. Entre ellas destacan la gratuidad de los viajes por carretera dentro de Castilla y León mediante la tarjeta Buscyl, la bonificación del 25% de los abonos ferroviarios y la incorporación de ayudas destinadas a sufragar hasta el 60% del coste de los peajes.

Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo autonómico busca imprimir velocidad a la legislatura y trasladar una imagen de gestión centrada en la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el apoyo al medio rural.