Los sindicatos CGT y Comisiones Obreras han denunciado en Ávila que el operativo de prevención y extinción de incendios forestales afronta la nueva campaña en condiciones "iguales o peores" que las del año pasado, pese a los incendios que afectaron a distintos puntos de Castilla y León.

Durante la concentración convocada por ambas organizaciones, el representante de CGT, Román García, ha asegurado que la administración "no ha aprendido nada" tras los fuegos registrados en la comunidad y ha criticado la persistencia de problemas como la falta de medios, la cobertura insuficiente de vacantes y la escasa profesionalización del servicio.

García ha cuestionado además los anuncios realizados por la Junta sobre mejoras en el operativo. Aunque se habla de una importante inversión económica, ha afirmado que "no vemos que se concreten en medidas concretas". Como ejemplo, ha señalado que la bolsa de vigilantes de incendios, reclamada desde hace un año, todavía no había sido convocada hasta fechas muy recientes, denunciando la "improvisación" a pocos días del inicio de la época de peligro alto.

Según los cálculos sindicales, alrededor del 30% de los puestos de trabajo del operativo en la provincia de Ávila permanecen vacantes.

Por su parte, el agente medioambiental y representante de Comisiones Obreras, Rodolfo Boabent, ha advertido de que el dispositivo vuelve a arrancar "a medio gas". En este sentido, haindicado que faltan efectivos en camiones, torretas y entre los agentes medioambientales, y ha alertado de que 22 nuevos agentes se incorporarán en las próximas semanas a zonas que desconocen para desempeñar labores de dirección de extinción, una situación que, a su juicio, "puede poner en peligro al operativo".

Los sindicatos también han criticado la convocatoria de una reunión con el colectivo de celadores coincidiendo con la jornada de protesta. García ha calificado de "deshonesta" la actuación del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila al convocar a los afectados el mismo día de la concentración y la asamblea sindical, al considerar que busca "dividir las fuerzas".

Respecto a las previsiones para la campaña de incendios, CGT considera que el escenario será "como poco como el del año pasado". García ha relacionado esta situación con las altas temperaturas registradas ya en junio y con la precariedad de medios y personal que, según ha denunciado, se mantiene desde hace años.

En la misma línea, Boabent ha destacado que la zona del Tiétar acumula cerca de 20 días de calor antes incluso del inicio oficial de la campaña, con temperaturas próximas a los 30 grados desde mediados de mayo. Esta situación, ha explicado, dificulta la recuperación de la humedad y provoca que el combustible vegetal esté "más dispuesto a arder", incrementando el riesgo de incendios forestales.

La protesta, convocada por CGT y Comisiones Obreras frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, ha coincidido además con la celebración en ese mismo emplazamiento de las jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España. Durante el desarrollo de la concentración, varios representantes sindicales mantuvieron un breve encuentro con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y con el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano.

CCOO reclama un operativo cien por cien público

El secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de CCOO de Ávila, Jorge Santiago Nieto, ha asegurado que la situación del operativo de incendios forestales es actualmente "igual o peor" que la del año pasado y ha señalado que uno de los principales problemas deriva del proceso de incorporación progresiva de cuadrillas terrestres a Tragsa tras los grandes incendios registrados en Castilla y León.

Según ha explicado, el paso de estas cuadrillas a la empresa pública Tragsa puede suponer mejoras en materia de seguridad, salud laboral y condiciones salariales, ya que el convenio de Tragsa es más favorable que el del sector forestal de Castilla y León. Sin embargo, ha advertido de que la falta de personal especializado está provocando que Tragsa contrate trabajadores que ya formaban parte de empresas privadas, generando vacantes en equipos que ya estaban constituidos.

Asimismo, ha señalado que el sistema de contratación centralizado está ocasionando la pérdida de trabajadores con experiencia y conocimiento del territorio, que están siendo sustituidos por personal procedente de otras comunidades o provincias. Una situación que, a su juicio, también afecta a las oportunidades laborales en el medio rural de las zonas donde operan las cuadrillas.

Nieto ha afirmado además que existe un conflicto abierto con las empresas privadas del sector, que denuncian dificultades para asumir las exigencias laborales y de seguridad reclamadas durante años por los sindicatos. Entre ellas, ha citado la necesidad de disponer de instalaciones adecuadas, vestuarios, taquillas, aseos o condiciones de trabajo acordes con la actividad que desarrollan los bomberos forestales. Según ha explicado, las empresas sostienen que las cuantías abonadas por la Junta de Castilla y León no permiten afrontar estas mejoras, mientras que Tragsa sí puede hacerlo al operar con un presupuesto superior.

En este contexto, ha asegurado que algunas cuadrillas dependientes de empresas privadas no están participando en incendios por decisión empresarial mientras continúan las negociaciones con la Junta para intentar resolver la situación.

El representante sindical también ha mostrado su preocupación por la incertidumbre existente en torno al proceso de integración de cuadrillas en Tragsa. Según ha indicado, parte de estos trabajos se están desarrollando mediante encargos urgentes y no a través de contratos ordinarios, lo que, en su opinión, genera dudas sobre la evolución futura del modelo.

Por ello, CCOO reclama una remodelación integral del operativo y defiende que el sistema sea gestionado de forma completamente pública. Nieto ha argumentado que actualmente conviven hasta cinco fórmulas distintas de contratación __EMDASH__funcionarios, personal laboral, trabajadores de empresas públicas, empresas privadas y personal conveniado__EMDASH__, lo que provoca diferencias salariales y laborales entre profesionales que realizan las mismas funciones y asumen idénticos riesgos durante las labores de extinción.

Finalmente, ha acusado a la Junta de Castilla y León de mantener un modelo de colaboración público-privada en lugar de asumir directamente la gestión del servicio, una decisión que, según ha sostenido, dificulta la unificación de criterios y la mejora de las condiciones laborales de todos los integrantes del operativo.